El ministro de turismo de la provincia de Corrientes, Sebastián Slobayen renunció y en su lugar asumiría el cargo Alejandra Eliciri, quien se desempaña como administradora del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente.
La efectivización del cambio se realizará el 4 de julio en un acto que se realizará en la Casa de Gob0ierno correntina.
En este cambio asumiría la ingeniera agrónoma que es cercana gobernador Gustavo Adolfo Valdés, que ocupará el lugar de un alfil puesto por el presidente de la UCR provincial, Ricardo Colombi.
La modificación en el gabinete no sólo pone a la luz nuevamente la interna entre Valdés y Colombi, sino que, además, expone la urgencia del gobernador de “sanear” su gabinete.
Es que Slobayen es uno de los funcionarios que está procesado por presuntos actos de corrupción, una situación que perjudica la imagen de Valdés.
Igualmente, el funcionario ocupará un lugar menos visible, en el Comité Interdisciplinario Iberá, un Plan Maestro para “planificar estrategias de desarrollo local basado en el turismo de naturaleza”.
El saliente ministro Sebastián Slobayen se halla en una complicado situación judicial luego que la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes ordenó, en 2020, revocar su sobreseimiento y el de otros seis imputados en una causa por defraudación a la administración pública.
En ese entonces, las juezas Selva Spessot y Mirta Sotelo de Andreau y el juez Ramón González hicieron lugar a un recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de un juicio por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a los titulares e integrantes del comité encargado de la concesión de la Zona Franca de Paso de los Libres, que nunca fue puesta en funcionamiento.
En la causa interviene la Fiscalía Federal de primera instancia de Paso de los Libres, interinamente a cargo de Aníbal Fabián Martínez, con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), cuyo titular es Sergio Rodríguez.
De tal forma, la Cámara dispuso que continuase la investigación a los empresarios Ramón Fita, Eduardo Taratuty, Víctor Hugo Argentino Bonnet, Néstor De Lisio y Esteban Canteros, y al exministro de la Producción, Javier Arturo Frattini, y el ex secretario de Planeamiento del Ministerio de Turismo de Corrientes, Sebastián Ariel Slobayen.
Todos ellos están imputados por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública y, en los dos últimos casos, también se les endilga los de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
La causa se originó en agosto de 2014 a partir de una denuncia formulada por Julio Vitobello, fiscal de control de la Oficina Anticorrupción.
De acuerdo al análisis de la investigación, se encontraba cuestionada la conducta del Comité de Vigilancia que tenía a su cargo el control de la concesión de la Zona Franca de Paso de los Libres, y la de los grupos empresarios concesionarios que adquirieron ese carácter a través de la licitación pública.
Se cuestionó que el Comité no habría cumplido con su deber de control de la concesión en el marco de Ley 24.331 de Zonas Francas, y que extralimitó las facultades que le fueron asignadas y ejerció funciones propias de la Comisión de Evaluación y Selección, que debe llevar a cabo su trabajo con la aprobación del Ministerio de Economía.
De acuerdo a la investigación, el Comité habría permitido que el grupo adjudicatario de la concesión en el 2002 no realizara durante nueve años las inversiones comprometidas en el marco de la licitación. Tampoco, se señala, aplicó sanciones ni multas ni ejecutó la garantía de mantenimiento de contrato ante la rescisión por los incumplimientos; producto de su inacción se produjo la caducidad del establecimiento de la Zona Franca.
En octubre de 2019, el Juzgado Federal de Paso de los Libres dispuso el sobreseimiento total y definitivo de las siete personas imputadas en la causa, de las cuales cinco responden al delito de defraudación en perjuicio de la administración pública (Fita, Taratuty, Bonnet, De Lisio y Canteros), y dos en concurso real por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos (Slobayen y Frattini).
Contra esta decisión, Martínez interpuso un recurso de apelación alegando que la resolución se basó sólo en la declaración de los imputados sin haber valorado las constancias de autos ni el plexo probatorio, razón por la cual sosuvo que era arbitraria.
Afirmó además que la decisión era prematura, ya que la Zona Franca fue comprada de manera irregular, por los empresarios privados indagados y sobreseídos, y que ellos nunca invirtieron para que funcione. Ello debido a la falta de control del Comité de Vigilancia, provocando un perjuicio a la sociedad y al Estado, al ser adjudicatarios y no explotarla.
En el recurso, el representante del MPF también enfatizó que no se haya tenido en cuenta el perjuicio ocasionado al Estado, en relación a que no se cumplió con la implementación de la Zona Franca debido a la falta de control por parte de los funcionarios que debían y tenían que hacerlo oportunamente. Indicó que omitieron cumplir con sus obligaciones tanto los dos funcionarios provinciales indagados como los particulares adjudicatarios.
Para la Cámara, los funcionarios imputados “tenían a su cargo la administración de intereses pecuniarios del Estado, y violando sus deberes, prima facie, los perjudicaron”.
En tal sentido, el tribunal de alzada afirmó que el perjuicio a las arcas del Estado “fue cometido, prima facie, no solo por los funcionarios, sino por los propios empresarios que por acción u omisión, impidieron que la Zona Franca Paso de los Libres pudiera establecerse”.
Por ello, resolvió revocar el fallo de primera instancia, devolver las actuaciones al juzgado de origen para que se analice la totalidad de pruebas, se determine la posible intervención de otras personas en el hecho y se dicte “una nueva resolución conforme a derecho”.
Luego Slobayen y sus consortes de causa fueron procesados.
