Desde la hora 8 de este martes 28 de Junio, el fiscal provincial en Virasoro, Julio Cazarré, tomará declaración indagatoria a Manuel Santamaria y a Zulema Gomez, funcionarios del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Corrientes, responsables de controlar los hogares de la Provincia de Corrientes.
La lista de la citaciones a funcionarios es amplia e incluye también a Analia Monzón quien tenía la presidencia del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), principal responsable de la administración y control de los hogares de niños.
Además, se prevé la declaración de Zulema Gomez, quien ejerció, hasta diciembre, el rol de controlar los hogares.
Otro funcionario que deberá declarar ante la Justicia es, Manuel Santamaria, actual Director de Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Humano de Corrientes. Este, actualmente sigue en su cargo.
En la causa fue señalado por los testigos como uno de los posibles encubridores de las irregularidades y vejámenes en el centro de alojamiento Rincón de Luz.
Según las declaraciones, Santamaría habría indicado a la asistente social y a la psicóloga en turno el día en que fue hallado muerto el menor Claudio Flores, lo que debían declarar respecto del hecho.
Ante la fiscalía, estas profesionales declararon que el funcionario les dijo por teléfono lo que debían informar por escrito a la fiscalía y hasta habría ordenado que se “acomoden los hechos” para que coincidan con los informes diarios de control del hogar.
La Justicia además citó a Germán de Andino, también funcionario Provincial, quien habría cumplido roles de administración.
Según fuentes cercanas a la causa “a De Andino se lo veía seguido en el los hogares y fue sindicado por las cuidadoras como la persona que llevaba las donaciones para hacer fotos, pero que las mismas no las dejaba en los hogares”.
Estas donaciones habría sido ropa, calzados y comida que debían ser destinado a los menores allí alojados.
Descontrol y muerte
Allegados a los niños víctimas de los malos tratos y vejámenes consideran que “la muerte de Claudio Flores reveló la falta de control y el descuido de los niños de parte de muchos funcionarios”.
Remarcaron en este sentido que “algunos de ellos siguen trabajando en el cuidado de hogares o niños” en instituciones gubernamentales.
Pruebas claves
En el marco de la investigación por la muerte del adolescente de 14 años, Claudio Flores, la Justicia ordenó incautar 27 cuadernos de informes diarios del hogar Rincón de Luz.
En estos escritos se informa respecto de los encierros, el hambre y la falta de control por parte del Copnaf, la Dirección de Niñez y del Juzgado de Familia respecto de lo que ocurría en el hogar Rincón de Luz.
En tanto, el abogado Eduardo Etchegaray Centeno junto a Jorge Eduardo Isetta, representante de la Comisión para la Prevención de Torturas de la provincia, siguen pidiendo celeridad en la investigación y que se establezca las responsabilidades de los funcionarios en relación a los hechos denunciados.
Por su parte, Patricia Ramos madrina del hogar Rincón de Luz -y madrina de Claudio Flores- afirmó “que los supuestos controles que tenían los hogares eran para garantizar el bienestar a los niños, es evidente que esto no pasaba, y que sobre todo es muy grave que estos funcionarios sigan en su cargo”.
Además añadió que “es un buen momento para que (los funcionarios cuestionados) den un paso al costado, y darle lugar a profesionales que hagan bien su trabajo”.
Mientras, en un comunicado, los vecinos autoconvocados remarcaron que “la sociedad de Virasoro sigue reclamando justicia” y adelantaron que se organiza una marcha provincial por los niños, con la consigna “niños libres, abusadores presos”.
Negaciones
En los medios de comunicación los funcionarios cuestionados habían afirmado que desconocían las denuncias judiciales y mediáticas que se realizaron por malos tratos, en 2016 en el Juzgado de Menores de la ciudad de Santo Tomé.
La denuncia la había realizado Rocio Silvero, ex administrativa del centro de alojamiento, quien también se presentó ante en el Consejo Deliberante de Virasoro para informar de los graves hechos que acontecían.
Luego de esto, en 2018 otra funcionaria del Ministerio de Desarrollo Humano, Sonia Prystupczuk fue acusada de coaccionar a las niñas del hogar para que no denuncien los abusos de las que fueron víctimas.
En 2021, Leandra Alvez, otra ex administrativa del hogar, denunció, también ante la Justicia, la violencia ejercida a los niños por parte del Matrías González, hijo de Sonia Prystupczuk.
Este hombre, también fue denunciado en diciembre último, por malos tratos, por Maria Eugenia Cohen, la asistente Social del hogar.
