Este miércoles y jueves continúa el juicio a un ex juez federal, sus dos secretarios y un grupo de abogados, acusados de supuesto cobro de coimas para mejorar la situación procesal de personas acusadas de narcotráfico en Corrientes.
El debate había dado inicio el pasado 21 de junio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes y pasó a un cuarto intermedio.
El principal acusado es el ex juez Carlos Vicente Soto Dávila, sindicado como supuesto jefe de una organización dedicada a recibir prebendas. Junto a él hay otros seis imputados -entre los que se encuentran dos funcionarios del juzgado por entonces a su cargo y un grupo de abogados; todos acusados de conformar una organización criminal dedicada a cometer diferentes delitos contra la administración de justicia para garantizarle la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes.
En el debate, intervienen el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, Carlos Schaefer, la fiscal auxiliar Tamara Pourcel y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), a cargo de Diego Iglesias.
El tribunal está compuesto por los jueces Juan Manuel Iglesias (Chaco), Rubén David Oscar Quiñones (Formosa) y Manuel Alberto Jesús Moreira (Misiones), dada la excusación de los integrantes originales del Tribunal por su relación con los ex funcionarios acusados en juicio.
En la audiencia, se leyó el requerimiento de elevación a juicio y se plantearon las cuestiones preliminares y las nulidades. El tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta el 29 de junio próximo para resolver estos planteos y se espera que ese día se inicien las indagatorias.
El caso
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, los imputados están acusados de conformar una organización criminal liderada por el entonces magistrado Soto Ávila a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes.
El resto de los integrantes de la banda son los secretarios penales de ese Juzgado, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau y los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Tomás Alfredo Viglione, Jorge Ricardo Vallejos y Gregorio Humberto Giménez.
Según el Ministerio Público Fiscal Federal, la banda habría cometido diferentes delitos contra la administración de la justicia a cambio de garantizarle la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes, principalmente a los miembros de una banda de narcotraficantes que funcionaba en la ciudad correntina de Itatí y que resultaron condenados.
De acuerdo a la acusación, en distintas causas que tramitaban ante el Juzgado N° 1 se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico.
Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión, informó el medio oficial Fiscales.
En otros casos, incluso se indicaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico.
Causas vinculadas
La acusación de la fiscalía indica que había un grupo de personas intermediaban para la entrega y recepción de las dádivas junto con el abogado Omar Antonio Serial -actualmente en actividad profesional- y Juan Manuel Faraone.
En esa línea, los supuestos líderes narco de la ciudad de Itatí, Carlos Alberto Bareiro, Federico Sebastián Marín como Pablo Nicolás Torres (condenados por narcotráfico) fueron quienes entregaron las sumas de dinero en miras a lograr los beneficios procesales señalados, para sí mismos o para sus allegados.
Como consecuencia de la entrega de dádivas, en las investigaciones que involuraban hechos de narcotráfico se dictaron resoluciones “prevaricantes” -es decir, contrarias al derecho invocado por las partes o basadas en hechos falsos- para poder así beneficiar a los investigados.
Al menos uno de estos condenados por narcotráfico se presentó como “arrepentido” y denunció supuesto pagos de coimas. A cambio, la fiscalía le acordó una pena más atenuada y otros beneficios.
Abreviados
Antes del inicio del debate, el Tribunal anunció que se firmaron cinco juicios abreviados que abarcaron a dos abogados (Antonio Serial y Jorge Vallejos) y a tres narcotraficantes que fueron condenados en el marco de la causa de Itatí: Federico Sebastian Marín, Pablo Nicolas Torres y Carlos Bareiro.
