Carlos Schaefer, fiscal que interviene en el juicio contra el ex juez federal Carlos Soto Dávila y sus secretarios, dialogó. Ratificó la validez de las acciones tomadas durante la etapa de investigación, que fueron criticadas por los defensores, quienes intentaron plantear la nulidad ante el Tribunal.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes comenzó el juicio oral y público contra el ex juez Carlos Vicente Soto Dávila y otros seis imputados -entre los que se encuentran dos funcionarios del juzgado por entonces a su cargo y un grupo de abogados-. Todos están acusados de conformar una organización criminal dedicada a cometer diferentes delitos contra la administración de justicia para garantizarle la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes.
Schaefer recordó que en la primera jornada se plantearon nulidades por parte de los defensores y respondió que “todas las acciones fueron ratificadas por los jueces de Cámara”. Con esto, aludió a la investigación realizada desde el inicio de la investigación por el ex juez Sergio Torres y el fiscal Carlos Stornelli.
Rememoró que “ya había una causa en 2003 que tiene relación con hechos parecidos a los investigados ahora”, expuso. Resaltó que se llegó a un acuerdo con 5 de los 12 imputados para juicios abreviados, lo que podría acortar el proceso que tendrá una nueva audiencia este miércoles 29 de junio.
El caso
De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, los imputados están acusados de conformar una organización criminal liderada por el entonces magistrado Soto Ávila a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes. El resto de los integrantes de la banda son los secretarios penales de ese Juzgado, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau y los abogados Duylio Horacio Barboza Galeano, Tomás Alfredo Viglione, Jorge Ricardo Vallejos y Gregorio Humberto Giménez.
La banda habría cometido diferentes delitos contra la administración de la justicia a cambio de garantizarle la impunidad a personas vinculadas con maniobras de tráfico ilícito de estupefacientes, principalmente a los miembros de una banda de narcotraficantes que funcionaba en la ciudad correntina de Itatí y que el año pasado resultaron condenados.
De acuerdo a la acusación, en distintas causas que tramitaban ante el Juzgado N° 1 se habrían concretado diversas negociaciones y presentaciones por escrito para que, a cambio de la entrega de dinero o del ofrecimiento de beneficios, se dictaran resoluciones, se omitieran o bien se demoraran fallos que debían dictarse, con la finalidad de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico. Esto ocurría mediante el dictado de órdenes de libertad, resoluciones de falta de mérito o exenciones de prisión. En otros casos, incluso se indicaban participaciones menores a quienes en realidad eran quienes dirigían las actividades de narcotráfico.
Causas vinculadas
Los cuatro abogados serían quienes intermediaban para la entrega y recepción de las dádivas junto con Omar Antonio Serial y Juan Manuel Faraone, que fueron condenados el año pasado por integrar la organización criminal. En esa línea, tanto Carlos Alberto Bareiro, Federico Sebastián Marín como Pablo Nicolás Torres (también condenados en la misma causa) fueron quienes entregaron las sumas de dinero en miras a lograr los beneficios procesales señalados, para sí mismos o para sus allegados.
Como consecuencia de la entrega de dádivas, en las investigaciones que involuraban hechos de narcotráfico se dictaron resoluciones “prevaricantes” -es decir, contrarias al derecho invocado por las partes o basadas en hechos falsos- para poder así beneficiar a los investigados.
Abreviados
Antes del inicio del debate, el Tribunal anunció que se firmaron cinco juicios abreviados que abarcaron a dos abogados (Antonio Serial y Jorge Vallejos) y a tres narcotraficantes que fueron condenados en el marco de la causa de Itatí: Federico Sebastian Marín, Pablo Nicolas Torres y Carlos Bareiro.
