Federico G. A. Zamudio.
Sin lugar a dudas las fuerzas policiales existen para proteger a la ciudadanía, pero ¿cómo protegerse del criminal que viste uniforme cuando las autoridades son permisivas?
Sin hacer diferenciaciones con respecto a la localidad, pasando por denuncias de violación sexual en San Miguel y de narcotráfico en Monte Caseros, por ahora el riesgo de sufrir los desmanes de las autoridades policiales recala en Corrientes, donde un comisario que estaba procesado, y que con la anuencia de sus superiores seguía escalando en el escalafón, fue nombrado al frente de la Dirección General de Personal y Formación Policial.
Lo que podía ser un yerro administrativo solo demostró la callada complicidad de la cúpula ejecutiva, que con manifiesta inoperancia y falta de escrúpulos mantiene una manera de actuar que se repite en la mayoría de los hechos denunciados, donde primero remueven y luego trasladan a los implicados en actos por los cuales son procesados.
El funcionario en cuestión es el comisario general Sergio Rubén Sánchez, cuya carrera de denuncias conocidas comienza estando al frente de la comisaría de Villa Olivari, en 2016, cuando una de sus subordinadas, una joven cabo, lo denunció de haberla abusado sexualmente.
En su oportunidad la víctima había realizado el siguiente descargo: “Cerró la puerta con llave, se acercó y me dijo que necesitaba masajes. Yo le contesté que estaba bien, que no necesitaba nada. Me manoseó, me besó a la fuerza, me tocó los pechos y me quiso levantar la chomba. Apenas pude salir de la oficina fui al baño y me apunté a la cabeza con el arma reglamentaria para matarme”.
De esta manera, fue suspendido en sus funciones al conocerse el caso, pero luego regresó, siendo trasladado a una comisaría de San Miguel, donde siguió ascendiendo, hasta que en 2020, finalmente, fue procesado por abuso sexual simple.
Tras conocerse la reciente suspensión algunas voces se alzaron para expresar su indignación. Tal es el caso de la red Infancia Robada, que pidió la aceleración de la causa, y de la directora del Centro de Ayuda a la Familia, de Ituzaingó, licenciada María Valor, quien expresó su rechazo a que personas que afrontan procesamientos “por abuso sexual ocupen cargos públicos”, y que su designación ponía en riesgo “no sólo a las mujeres, sino a la comunidad en general”.
Además, resaltó haber acompañado desde el primer momento a la denunciante, aseguró que la víctima sufrió un “daño moral, físico y psicológico”, y recalcó que los agresores no deben ocupar cargos de jerarquía y autoridad”.
En ese orden, el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, fue interpelado por los periodistas sobre el tema, y curiosamente, a pesar de que la Ley lo impele a conocer la situación de cada elemento bajo su comando, respondió: “Conocido el caso se tomó inmediatamente la decisión de su relevo por el comisario Emilio Rodríguez”.
Viéndose cercado por los periodistas, el ministro pareció molestarse y preguntó a su vez: “¿Ustedes me vinieron a interpelar?”. Luego explicó que se trabaja sobre la situación del personal, tanto de la Policía como del Servicio Penitenciario, y justificó, con una queja, que tienen en ambas instituciones “una gran deuda en cuanto a la capacitación y formación de sus integrantes”.
Tras pocos días de asumir echaron a comisario acusado de abusar de una suboficial
