Un joven que estaba alojado en un área de cuidados dependiente del Servicio Penitenciario Provincial de Corrientes, ubicado en el Hospital Psiquiátrico de la Capital correntina, murió al incendiarse el colchón de su celda.
El joven, Marcos Lopez, debía haber sido externado -liberado- a principios de mes, pero seguía encerrado en la Unidad Penal 10, en el denominado el área de Seguridad del Hospital de Salud Mental de Corrientes pese a que el Juzgado de Ejecución de Condena había ordenado que se lo libere.
Las llamas arrasaron con todo lo que había en la habitación en la que estaba. Nadie pudo aclarar aún en qué circunstancias comenzó el fuego. Marcos López falleció el 6 de abril en un hospital al que fue trasladado luego del incidente.
Los familiares aseguran que todos los hechos que desembocaron en su muerte fueron “absoluta responsabilidad del Estado” y reclaman que la Justicia inicie una investigación.
Advierten que en la madrugada del lunes 5 de abril, la guardia penitenciaria detectó fuego en esa celda de contención donde Marcos murió.
La Justicia aún no avanzó en averiguaciones para explicar lo que ocurrió y para identificar a los responsables.
En tanto, la Comisión Provincial de Derechos Humanos de Corrientes alertó que el joven debia ser externado desde el 1 de abril, pero “demoraron todos esos días en detectar que su causa estaba ya prescripta”, y aseguran que ese inconveniente se debe también a dilaciones del Servicio Penitenciario Provincial.
“Hay muchos interrogantes, mucho para esclarecer sobre el accionar judicial, policial y penitenciario. Hay responsabilidad estatal en la privación de la libertad, por casi cuatro días, tras la orden de externación del 1 de abril”
También sostienen que “hay responsabilidad estatal en la carencia de colchones ignífugos, elementos de control de fuego como extintores y manoplas”.
Pero también denuncian que “las rejas fueron abiertas después que se apagara el fuego, y a Marcos lo sacaron con más del 70 % del cuerpo quemado”.
A más de un mes del siniestro, las averiguaciones están estancas. Para el Comité “todos los funcionarios penitenciarios que tuvieron algún grado de participación o responsabilidad en su muerte siguen en actividad, como si la vida de una persona privada de su libertad y a disposición de fuerzas de seguridad que debieran ser garantes de su integridad, no importara nada”
Debido a que aún no se esclarece el hecho, Dolores López y su hermana Yanina López, se reunieron con la Fiscal de Instrucción 4, Sonia Meza, quien informó que les tomará testimonio el viernes 13 de mayo.
Luego de esto, la familia se constituirá como querellante para el esclarecimiento y castigo a los responsables de esta muerte provocada por el aparato represivo estatal.
