Con ellas, ya son 21 las provincias que suscriben al acuerdo tendiente a fortalecer las políticas de conservación de bosques nativos en el país.
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible firmó esta tarde los convenios de colaboración para la implementación del pago por resultados REDD+ con las provincias de Corrientes y Chaco, las que se suman a otras 19 jurisdicciones que ya los suscribieron. El programa cuenta con financiamiento proveniente del Fondo Verde del Clima, que ejecuta la cartera a cargo de Juan Cabandié junto a la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), por un período de seis años.
Por parte de Corrientes, el convenio involucra unos $ 47,3 millones y fue suscripto por el ministro de Producción, Claudio Anselmo. En tanto que en el caso de Chaco —donde el territorio tiene gran presión agrícola-ganadera y deforestación— la firma fue realizada por el ministro de Producción, Sebastian Lifton, por un monto estimado de $ 598,5 millones. Este financiamiento permitirá complementar las políticas de conservación de bosques nativos que se desarrollan en el marco de la ley de bosques.
Otras provincias que ya se sumaron a esta implementación son: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santa Cruz, Santa Fe, San Luis, Catamarca, La Pampa, Mendoza, Salta, Santiago del Estero, Tierra Del Fuego, Córdoba, San Juan y Jujuy. Lo que se busca es operativizar el programa de trabajo con las distintas jurisdicciones, luego de la Resolución 480/21 del COFEMA, en la que se acordó la distribución geográfica de proyectos de manejo forestal sostenible a nivel de cuencas, planes integrales comunitarios, manejo de bosques con ganadería integrada y planes de prevención de incendios forestales que se llevarán a cabo mediante este financiamiento en los diferentes puntos del territorio nacional.
El mecanismo REDD+ es una herramienta de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para reducir las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques en los países en desarrollo. Su función es impulsar la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono en estos países con el fin de contribuir a los esfuerzos globales frente al cambio climático y sus consecuencias.
