El CEO de Generación Zoe ingresó a declarar en la ciudad correntina de Goya a las 8, asistido por el abogado Eduardo Scofano Truyen.
El acusado había llegado el miércoles a la localidad correntina ubicada a 230 kilómetros al Sur de la Capital, en un grupo de efectivos de la Policía de Corrientes que había viajado exclusivamente para su traslado.
Luego de haber sido alojado en la Unidad Regional II, se presentó ante el fiscal Patricio Palizá y el juez de garantías Carlos Balestra.
En un primer momento, el imputado iba a ser representado por el defensoría oficial, ya que el estudio que lo asesora no había llegado a ningún acuerdo con letrados locales.
Pero, finalmente, Eduardo Scoffano Truyen llegó a un entendimiento con Miguel Angel Pierri para acompañarlo a la audiencia.
El acusado escuchó la pieza acusatoria y no respondió preguntas.
En tanto, el abogado que lo representa había dicho en declaraciones radiales es inocente, no tiene dinero para devolver a los presuntos damnificados y que en su cuenta bancaria solo hay “22 centavos”.
También negó vinculación con Lucas Nicolás Camelino y los hermanos Nicolás y Javier Medina, sindicados encargados regionales de Generación Zoe.
Cositorto está imputado por estafas reiteradas y asociación ilícita, tiene unas 102 denuncias en su contra en Goya.
El abogado querellante Pablo Fleitas, que representa a la totalidad de los damnificados, dijo que el monto de la estafa que se investiga en suelo correntino supera los 190.000 dólares y que “se siguen sumando denuncias”.
El juez de garantías le dictó la prisión preventiva y quedaría alojado en una dependencia policial.
En Goya, Cositorto está sindicado como responsable de una firma instalada en el centro de la ciudad de Goya. Cooptaban “inversionistas” a los que se les solicitaba sumas de dinero con la promesa de un pago mensual de 7.5% mensual por sus depósitos.
El negocio funcionó desde finales de 2020 hasta febrero de 2022, cuando se cortó la regularidad de pagos.
Los responsables de la empresa desaparecieron y fue entonces que cayó una catarata de denuncias.
El abogado Pablo Fleitas representa a unos 100 estafados, pero asegura que hay más de 350 personas que fueron timadas.
