Efectivos policiales de la provincia de Corrientes amenazan con tomar comisarías y suspender el servicio de seguridad si la Justicia no pone en libertad a cinco numerarios de esa fuerza detenidos por su presunta responsabilidad en la muerte de Lautaro Rosé, quien fue hallado muerto en el río Paraná luego de haber sido perseguido por una patrulla.
La convocatoria fue realizada por grupos de whatsapp y redes sociales luego que la magistrada María Josefina González Cabañas, titular del Juzgado de Instrucción N° 3, ordenó la detención de Carlos Alfredo Prieto, Juan Daniel Aveiro, Sergio Iván Barberan Robledo, Omar Guillermo Aguirre y Máximo Leonel Romero, mientras estableció el procesamiento de Vicente Manuel Pruyas Suárez, todos ellos integrantes del Grupo de Intervención Rápida Motorizada de la Policía de Corrientes.
Los efectivos fueron privados de la libertad y alojados en la Estación Central de Bomberos, en la avenida Tres de Abril y calle Santa Fé.
El viernes se convocó allí un grupo de numerarios policiales para “expresar su apoyo” a los detenidos.
Pero al día siguiente a través de distintos medios de comunicación se convocó a una movilización, acampe y hasta comunicaron que tomarían unidades policiales.
La movilización está pautada para este lunes a las 9 de la mañana. El punto de encuentro para los policías, familiares y amigos será la plazoleta Llano, ubicada en la intersección de las avenidas Maipú y 3 de abril.
El llamado es bajo el lema “Hoy vinieron por ellos, mañana por vos”. Anuncian una caravana y acampe “en apoyo a los camaradas injustamente detenidos en cumplimiento del deber”.
En simultáneo en los grupos de whatsapp expresaron “sueldos miserables y 5 compañeros detenidos ¿ustedes piensan que vamos a seguir aguantando el manoseo? No se equivoquen, vamos a parar todo. Policía de Corrientes”.
El mensaje finaliza: “libren a los compañeros o vamos a parar toda la policía. Nosotros no estamos jugando”.
Estos textos llegaron hasta las manos de las más altas autoridades policiales, pero ni desde la fuerza de seguridad ni desde el Gobierno emitieron opinión al respecto.
Sin embargo, estos hechos generaron alerta en las organizaciones sociales, políticas, de Derechos Humanos y entre los familiares de víctimas de violencia institucional.
El abogado Hermindo González, quien representa a la familia de Lautaro Rosé, advirtió que la organización de una movilización por parte de policías podría constituir “una serie de delitos, entre ellos, la sedición”.
Considera que los convocantes “desconocen los Poderes del Estado” y de realizarse dicho acto se incurriría en hechos antijurídicos que pondrían en riesgo el normal funcionamiento estatal, lo que está prohibido por la Constitución.
Es la máxima Ley del Estado establece en su artículo 6 que el levantamiento contra los Poderes del Estado son causal de intervención federal.
“El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno, o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por invasión de otra provincia”.
También en el artículo 22 sostiene la legitimidad de los actos de gobierno de los Poderes estatales. “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”, dice la Constitución.
Dada la gravedad del caso, trascendió que legisladores provinciales como nacionales están en alerta ante una inminente azonada.
El hecho trascendió en los medios nacionales y ya está en conocimiento de funcionarios de la Casa Rosada.
Todo esto ocurre mientras que el Gobernador, Gustavo Adolfo Valdés se hallaba fuera de la provincia, en una misión político partidaria ya que asistió a una reunión de dirigentes de la Unión Cívica Radical en la provincia de Chubut.
En su ausencia ejerce el Poder Ejectivo, Néstor Pedro Braillardo Poccard, ex gobernador destituido en 199 y también ex ministro de seguridad quien creó el cuestionado Grupo de Intervención Rápida de la Policía.
Justamente los numerarios de esta fuerza especial son los que están involucrados en los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2021, cuando Lautaro Rosé, de 18 años, y un amigo de 16 años, se hallaba caminando por la avenida Costanera de la ciudad de Corrientes y fue perseguido por una patrulla de al menos seis uniformados.
Según consta en la causa, ambos jóvenes fueron obligados a correr mientras los uniformados les disparaban con armas.
Cuando los chicos llegaron hasta la costa del río, los obligaron a arrojarse al agua. Lautaro Rosé no sabía nadar y pidió ayuda. Los policías lo ignoraron.
El cuerpo del muchacho de 18 años fue encontrado dos días después aguas abajo.
