Federico G. A. Zamudio.
A modo de continuidad de los desmanes policiales, sectores de la fuerza de seguridad se amoldan al terrorismo de Estado y presionan para liberar criminales.
Es normal que las fuerzas gremiales se levanten y amenacen con realizar paros para reclamar mejoras salariales o el reintegro de compañeros despedidos ilegítimamente, ya que es un proceso sindical legal y dentro de las normativas constitucionales, pero en este caso el mensaje de apoyo a camaradas laborales se transformó en amenazas para liberar a criminales convictos y cesar la investigación de la muerte de Lautaro Rosé.
Tomar medidas de fuerza para presionar al sistema judicial -cuyo funcionamiento se digita y está lejos de ser transparente- y que consigan que éste deje en libertad a quienes fueron juzgados y encarcelados, es una forma de tomar de rehén a la sociedad para continuar con la marginalidad legal; y no se asemeja al movimiento que busca mejoras dentro de la fuerza de seguridad, como lo ocurrido en 2008, cuando el justo reclamo fue atendido al menos parcialmente.
Por estas horas está circulando por distintas redes sociales un mensaje atribuido a elementos que forman parte del personal policial, donde se puede leer: “Sueldos miserables y 5 compañeros detenidos… Ustedes qué se piensan, que vamos a seguir aguantando el manoseo? No se equivoquen… Vamos a parar todo…” y firma: “Policía de Corrientes”. En otro mensaje, con un contenido un poco más ominoso, dice: “Liberen a los compañeros… O vamos a parar toda la Policía… Nosotros no estamos jugando…”
Si bien es sabido que la alta criminalidad existente en Corrientes puede desquiciar hasta al más benevolente, y es justo tener reparos en cuanto a la credibilidad del Poder Judicial de la provincia, la forma de proseguir es por dentro de la Ley y promoviendo cambios que solucionen los problemas institucionales y no los agraven.
En la búsqueda de mejoras salariales no se deben mezclar hechos delictivos ni la promoción de los mismos, ya que se pierde de vista la finalidad primordial de la entidad, que se aplica a mantener el orden en una sociedad que bordea el caos institucional, y donde sus elegidos representantes hacen la vista gorda a los problemas coyunturales para mantener su estado de privilegio.