Una operación de lawfare orquestada por el presidente provincial de la Unión Cívica Radical, Ricardo Colombi, tomó nuevo vigor en las últimas horas en la ciuda dde Mercedes, Corrientes.
Esto es porque una jueza vinculada a ese partido político decidió procesar al actual intendente Diego Martín Caram por una denuncia realizada por su principal opositor, Víctor Cemborain.
La causa había sido iniciada en 2019, Cuando Cemborain denunció supuestos pagos indebidos de sueldos. Intervino en la causa el ex presidente del Comité local de la UCR y ex secretario de gobierno de Ricardo Colombi, Adrián Casarrubia, quien actualmente es fiscal.
Pero lo llamativo es que, según la acusación, las personas que supuestamente percibían dinero de manera irregular fueron incorporados durante la gestión de Cemborain, el denunciante. Sin embargo, este último no fue imputado.
Todo este proceso fue acompañado al detalle por los medios de comunicación de la Capital.
La causa quedó cajoneada durante dos años. Pero, después que un grupo de afiliados radicales que apoyan la gestión de Diego Caram presentó una lista para competir en las elecciones internas de la UCR, el juzgado volvió a activar el expediente.
La maniobra constituye una acción de “lawfare”, expresión que es una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”.
La expresión se utiliza para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.
El desaire del derrotado
Quien inició la causa fue Víctor Cemborain. El ex intendente de Mercedes fundó con Diego Caram el partido Cambio Solidario con el que, primero Cemborain, luego su esposa, Elvira Sánchez, llegaron a la intendencia.
Luego, en mayo de 2019, Sánchez renunció en medio de un escandalo por acusaciones a su pareja, por supuestos delitos.
Asumió entonces, el vice intendente, Diego Caram quien inició una gestión exitosa.
“El problema de Cemborain es que a él no le gusta estar segundo. Y ahora quería manejar la municipalidad como lo hacía cuando estaba la mujer, pero se encontró con el cura empedo porque cuando yo llegué a la intendencia, el intendente fui yo”, había explicado Caram.
Fuera de la gestión y diezmado políticamente, Cemborain se alió con Ricardo Colombi -su histórico rival- quien, como se sabe, maneja a su antojo la Justicia.
Entonces, activó una insólita denuncia: desde la Municipalidad de Mercedes se supuestamente se pagaron 74 planes a personas que aseguran nunca haberlo recibido y que totalizan casi un millón de pesos por mes.
Lo insólito es que en la denuncia indica que estas supuestas maniobras ya existían durante su gestión.
Sin embargo, el fiscal, Adrián Casarrubia tomó la denuncia, activó la causa y no investigó al denunciante por los delitos que, según él mismo, se habían desarrollado desde muchos años atrás.
¿Quiénes son las partes del proceso?
El denunciante en la causa, Víctor Cemborain había accionado contra Diego Caram debido a que lo relegó de todos los espacios de Poder.
Lo hizo tras un acuerdo político con el presidente provincial de la UCR, Ricardo Colombi quien no gana una elección en Mercedes desde hace más de una década.
La denuncia fue recepcionada por el fiscal Adrián Casarrubia, quien cumplió el rol de Secretario de Gobierno cuando Colombi hasta 1.999. Además, se desempeñó como presidente del Comité de la UCR local.
El expediente fue girado al juzgado de instrucción de esa ciudad que se halla a cargo de la jueza Margarita López Rivadeneira.
Esta jueza es la esposa de Francisco Garcia Rivera, el apoderado de empresa Copra S.A, cuyo principal accionista es José Aranda, el vicepresidente del Grupo Clarín, con fuertes vínculos con el presidente de la UCR provincial.
La decisión judicial conocida en las últimas horas sería apelada por la defensa.
Será la Cámara de Apelaciones la que deberá determinar si avala el curso se una operación de “lawfare” o si hace Justicia.
