Una fiscal de Corrientes interviene en una presentación vecinal de dos barrios de la capital de esa provincia, que denunciaron que agentes de seguridad contratados por la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes realizaron una demolición y desalojos y obstruyeron decenas de obras del programa Mi Pieza.
La fiscal correccional de Corrientes Andrea González lleva adelante una causa en la que el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) y operadores legales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación denunciaron que el municipio contrató a una empresa de seguridad privada que frena obras de Mi Pieza en dos barrios.
“En el barrio Esperanza de Corrientes estos agentes demolieron la construcción de una madre de tres hijos pero además se concretaron los desalojos de dos familias que terminaron con tres imputados por usurpación y que incluso han sido arrestados”, dijo hoy a Télam la referente del CAJ correntino, Belén Acosta.
La situación se repite, además, dice la denuncia, en el barrio La Tosquera, que, junto con el Esperanza, integran en Corrientes el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), condición legal indispensable para la adjudicación del programa Mi Pieza a mujeres jefas de familia con necesidades habitacionales insatisfechas.
Ambos sectores de la ciudad fueron puestos por el municipio bajo la órbita del fideicomiso Santa Catalina, un emprendimiento de desarrollo urbano articulado con el programa Procrear y el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), pero que también tiene facultades para la venta de lotes, se explicó.
Sin embargo, tanto desde el CAJ, como desde el Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social y sectores movilizados junto a vecinas y vecinos indicaron a Telam que una de las representantes legales del fideicomiso controla el vínculo con la agencia de seguridad El Muro SRL con la orden de frenar las construcciones en ambos sectores.
“Esta situación se viene dando desde marzo, con seguimientos a los beneficiarios, impidiendo que los materiales de construcción ingresen a los barrios, generando amedrentamientos y hasta desalojos, ya que el fideicomiso pretende poner límites al desarrollo popular para defender claramente negocios inmobiliarios que dejan afuera a las personas que sufren hacinamientos”, dijo a esta agencia el referente en Corrientes de Somos Barrios de Pie, Ariel Ozuna.
Ante esta situación, esa organización realizará un encuentro en La Tosquera, el miércoles a las 15, con el propósito de canalizar alternativas “por y para la defensa de la única tierra para vivir”, explicaron en la convocatoria.
En tanto que la referente del CAJ en Corrientes, anticipó que trabajan en la ampliación de la denuncia ante la Justicia.
Desde el Centro de Referencia de Desarrollo Social de la Nación, la abogada Carolina Landi Diaz Colodrero llevó adelante un informe dirigido a la cartera, en la que expone la situación y especifica que incluso en la segunda semana de abril el delegado municipal en la zona donde se registraron las denuncias, convocó a una reunión en la que reclamaba documentales a las beneficiarias del Mi Pieza.
“Solicitaban específicamente a las beneficiarias los sus datos personales, ubicación de su vivienda para ellos decidir si pueden o no seguir construyendo y hacer uso del beneficio otorgado por la nación”, señala el informe al que tuvo acceso Telam.
Y añade que “el actuar del Fideicomiso es de una situación gravísima en total atropello de los derechos de posesión y tenencia de las vecinas que viven en dicho Barrio, resulta más grave esta situación cuando es respaldada por la institución Municipal y Desde un ente de la Provincia”, en referencia a la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo titular, Manuel Cuevas, participó de dicho encuentro.
El programa Mi Pieza es adjudicado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a mujeres de barrios populares con necesidades habitacionales, con hasta 240 mil pesos y en la ciudad de Corrientes tiene un total de 3.400 beneficiarias.
