Una jueza vinculada a la Unión Cívica Radical decidió procesar al actual intendente de la ciudad correntina de Mercedes, Diego Martín Caram, por una denuncia realizada por su principal opositor, Víctor Cemborain, otrora dirigente peronista actualmente vinculado al radicalismo.
La causa había sido iniciada en 2019, Cuando Cemborain denunció supuestos pagos indebidos de sueldos.
Intervino en la causa el fiscal Adrián Casarrubia, ex presidente del Comité local de la UCR y ex secretario de gobierno de Ricardo Colombi. Este envió el expediente a la magistrada Margarita López Rivadeneira quien emitió el auto de procesamiento.
Un escrito en el que se comunica esta determinación circuló en las redes sociales, pero el facsímil no cuenta con la firma de la funcionaria.
Pero lo llamativo es que, según la acusación, las personas que supuestamente percibían dinero de manera irregular fueron incorporados durante la gestión de Cemborain, el denunciante. Sin embargo, este último no fue imputado.
Todo este proceso fue acompañado al detalle por los medios de comunicación de la Capital.
La causa quedó cajoneada durante dos años. Pero, después que un grupo de afiliados radicales que apoyan la gestión de Diego Caram presentó una lista para competir en las elecciones internas de la UCR, el juzgado volvió a activar el expediente.
Queda claro que se trata de una operación de lawfare orquestada por el presidente provincial de la Unión Cívica Radical, Ricardo Colombi, tomó nuevo vigor en las últimas horas.
La maniobra claramente constituye una acción de “lawfare”, expresión que es una contracción gramatical de law (ley) y warfare (guerra), que refiere a una “guerra judicial” o “guerra jurídica”.
La expresión se utiliza para señalar que el Poder Judicial es utilizado como un actor partidario, para desprestigiar la carrera política de un opositor o trabar una política pública, entre muchos otros casos.
En una maniobra similar la Justicia de Corrientes había condenado a dos intendentes peronistas y durante el proceso quedó demostrado hasta el uso de la estructura de la Agencia Federal de Inteligencia para crear pruebas falsas.
