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Corrientes
28 septiembre 2022

Fijan fecha para juzgar a un ex magistrado federal acusado de cobrar coimas a narcos

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El Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó la fecha para el inicio del juicio oral y público que deberá afrontar el ex juez federal Carlos Vicente Soto Dávila, dos de sus secretarios y un grupo de abogados, acusados de haber formado una asociación destinada al cobro de coimas a narcos.

El Cuerpo tribunalicio fijó entonces los días 13, 14 y 15 de junio de 2022, a la hora 08:00, se realizarán las audiencias en la sede del Tribunal en la calle Pellegrini de la ciudad de Corrientes.

El Tribunal estará formado por los magistrados Juan Manuel Iglesias, de Chaco; Rubén Quiñones de Formosa y Manuel Moreira, de Misiones.

En el debate se juzgará al ex titular del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, Carlos Soto Dávila, procesado por considerarlo “jefe” de esa asociación ilícita y autor de los delitos de cohecho y prevaricato, en ocho casos.

Están imputados tambien los secretarios de dicha dependencia, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau Galeano, por considerarlos “miembros” de la asociación ilícita y coautores del delito de cohecho.

En la causa también están involucrados los abogados Duylio Horacio Barboza, Gregorio Humberto Giménez, Tomás Alfredo Viglione y Jorge Ricardo Vallejos, respecto de quienes son considerados como supuestos “miembros” de la asociación ilícita y por cohecho. En tanto, el abogado Omar Antonio Serial sólo está acusado por ese último delito.

La convocatoria a debate se realiza luego de un sinfín de dilaciones por cuestiones procesales. La última fue en 2021, cuando se denunció que en el expediente faltaban las declaraciones de los arrepentidos -entre otras pruebas- que involucrarían al juez y a sus secretarios en supuestas maniobras de corrupción.

La causa se origina en una investigación que comenzó en 2014 en torno a maniobras narcocriminales en la Villa 21-24 de la Capital Federal se pudo seguir el rastro de la droga hasta la localidad de Itatí, en la provincia de Corrientes. 

Producto se llevaron adelante múltiples allanamientos y detenciones durante los primeros meses de 2017, en lo que fue el “Operativo Sapucay”, una causa armada con fines políticos que derivó en condenas a narcos y funcionarios, como también a opositores al macrismo.

Todavía dentro de ese expediente, se pudo determinar  la existencia  de una cantidad de legajos judiciales que tramitaban de manera atomizada ante el Juzgado Federal Nº1 de la jurisdicción, a cargo de Soto Dávila.

En ese contexto, el Ministerio Público Fiscal realizó 31 presentaciones, todas apuntando a unificar el trámite de 35 expedientes que desde el año 2011 se desarrollaban de forma aislada e inconexa  en torno a maniobras de una misma organización: la banda narcocriminal dirigida por Carlos Bareiro, Federico Marín y Luis Alberto Saucedo.

La procuraduría de la Narcocriminalidad (Procunar) advirtió en una de esas presentaciones que los sumarios no sólo tramitaban de forma separada, sino que, producto de ello, la mayoría no evidenciaba avances procesales significativos, y menos aún, un ascenso en la cadena de responsabilidades, panorama que generaba las condiciones propicias para que el andamiaje delictivo con origen en la localidad de Itatí continuara funcionando sin mayores inconvenientes.

Por ello, Procunar consideró “urgente” unificar las pesquisas, a efectos de poder avanzar sobre los miembros de la banda con poder de decisión y de esta manera, lograr desactivar una organización que operaba ininterrumpidamente al menos desde 2011.

En esa investigación, la Procunar identificó que en uno de los 35 sumarios judiciales se había dispuesto la intervención de líneas telefónicas por un año y medio pero, sin embargo, en el expediente aparecían escasas transcripciones.

Ante esa situación se conformó un equipo con agentes de Gendarmería Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC) y del Ministerio de Seguridad de la Nación, para la escucha y desgravación de discos compactos con comunicaciones telefónicas. 

Como resultado del trabajo en equipo la Procunar constató la conexidad de las múltiples investigaciones, y el contenido de los contactos telefónicos sentó las bases que sustentaron, luego, la identificación de los imputados en la cadena de responsabilidades.

El análisis y cruce del contenido de las llamadas telefónicas permitió profundizar el complejo funcionamiento de la banda criminal desde una perspectiva integral y unificada; su actividad ininterrumpida por al menos cinco años y la cantidad de procedimientos en la zona aledaña a Itatí constituyeron elementos que fortalecieron la hipótesis respecto de la existencia de una “red de protección” en torno a la organización.

Esa red estaría integrada por funcionarios de diversas fuerzas de seguridad, un comisario de la policía provincial y miembros de la delegación de la Policía Federal Argentina.

En 2018, fruto de las comunicaciones interceptadas y analizadas, se pudo determinar la existencia de diálogos con un grupo de abogados defensores en los que se negociaba dinero a cambio de asegurar la libertad de personas investigadas por actividades narcocriminales,  quienes estarían ligadas a la organización que traficaba estupefacientes desde Itatí.

Un análisis más profundo a cargo de la Procunar puso de resalto que esas conversaciones se condecían con resoluciones dictadas por el Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, a partir de las cuales se otorgaba la libertad a las personas imputadas.

Los actos procesales eran firmados por Soto Dávila y dos secretarios, según consta en la causa.

El expediente se tramitó en los tribunales porteños, pero luego los jueces se inhibieron y el expediente pasó al Tribunal Oral Federal de Corrientes.

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