Los funcionarios de la Administración General de Aduanas condenados en Paso de los Libres, Corrientes, por delitos de lavado de activos, incumplimiento de los deberes y otros delitos, continuarán en su actividad laboral y en libertad “hasta tanto el fallo quede firme” informaron fuentes judiciales.
Los aduaneros fueron encausados por el supuesto cobro de dinero para garantizar el cruce de mercadería ingresada ilegalmente desde Brasil por el puente internacional que une Paso de los Libres con Uruguayana, en el contexto de una causa iniciada por la Justicia Federal en 2016.
Es así que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes -integrado por los jueces Víctor Alonso, Manuel Alberto Moreira y Enrique Bosch-condenó a catorce personas, de las cuales algunos son funcionarios, por lavado de activos y contrabando de bienes.
En el debate, que comenzó en octubre de 2021, intervino el titular de la Fiscalía General ante el TOF Carlos Schaefer y la auxiliar fiscal Tamara Pourcel, que contaron con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los implicados integraron una organización que, entre 2015 y 2017, se dedicó al cobro de coimas, lavado de dinero -presuntamente procedente de delitos como narcotráfico y la trata de personas- y contrabando de bienes entre la ciudad correntina de Paso de los Libres y Brasil. Los fundamentos se conocerán el próximo 28 de abril.
En el debate se pudo constatar que la organización, con división de funciones y roles, realizaba viajes a Uruguayana, en Brasil, para trasladar dinero de manera ilegal, traspasando controles migratorios y aduaneros, muchos de ellos con anuencia de funcionarios públicos pertenecientes a la AFIP-DGA, que también fueron condenados.
Además de las condenas que van de los tres a los cinco años y seis meses de prisión, los jueces dispusieron el decomiso de inmuebles y objetos que fueron utilizados para cometer los delitos; la cancelación de la personería de dos firmas involucradas en la maniobra y la pérdida de todos los beneficios estatales que tuvieran las personas que resultaron condenadas. También ordenaron que, una vez que la condena esté firme, se pongan a disposición de la Administración Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) las armas secuestradas
Las condenas
Héctor Sebastián Gavarone, Héctor Marsilli y Fernando Daniel Marticorena fueron considerados coautores del delito de “lavado de activos agravado por habitualidad, como miembros de una asociación”.
A Garavone y a Marsilli les fijaron una pena de cinco años de prisión y deberán abonar una multa de dos veces el valor de los bienes objeto del delito mientras que a Marticorena lo condenaron a tres años. Con respecto a Pablo Martín Marsilli, los jueces lo condenaron a cinco años y cuatro meses por el mismo delito y por el uso de arma de uso civil condicional, además de que también deberá abonar una multa.
En tanto, a Leonel Elías Zappa y a David Osmar Loza se les fijo una pena a tres años de prisión como partícipes secundarios del lavado mientras que para Eduardo Matías Bravo se estableció una condena de tres años y seis meses de prisión como participe secundario del mismo delito y por la tenencia injustificada de arma de uso civil condicional.
En relación a la responsabilidad de los funcionarios de la sede de Paso de los Libres de la AFIP-DGA, fueron condenados Carlos Martín Dubra, José Ángel Longhi, Horacio José Velozo, Carolina Alejandra Vesga Gómez, María Claudia Gatti, Lucia Pompeya Fernández y el denominado “pasero” Fabián Alfredo Moreno, quien llegó a juicio acusado de traspasar mercaderías a través de la frontera entre Corrientes y Uruguayana.
De esta manera, Longhi, Velozo, Vesga Gómez, Gatti y Pompeya Fernández recibieron penas de entre cinco y cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos al ser considerados responsables de los delitos de cohecho pasivo y contrabando agravado.
Por su parte, Dubra fue condenado a cinco años y seis meses de prisión e inhabilitación especial perpetua por los delitos de “cohecho pasivo, contrabando agravado y tenencia de arma de fuego de uso civil”.
Finalmente, Moreno recibió una pena de cuatro años de prisión por ser considerado responsable de los delitos de cohecho activo, contrabando agravado y tenencia injustificada de arma de uso civil condicional. Por otra parte, el Tribunal ordenó la absolución de siete personas.
En su alegato, los fiscal había solicitado penas de entre tres y diez años de prisión para las 21 personas que llegaron al juicio. En el debate también intervinieron las querellas que representaron a la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA) y a la Unidad de Información Financiero (UIF).
Acusaciones dudosa
Uno de los empresarios que fue absuelto en la causa, Gustavo Aguirre, aseguró que “la causa fue armada” con intereses políticos y por “funcionarios truchos”.
Recordó que en la causa había intervenido un perito que en otro proceso judicial había declarado contra la vicepresidente Cristina Fernández en un juicio en la que fue absuelta.
En ese contexto, sostuvo que “se comprobó que mi familia no tuvo nada que ver con lo que se armó en esta causa y quedó demostrado en le juicio”.
Ahora, aguarda que la sentencia quede firme y podría iniciar acciones contra el Estado por los daños causados.
