Un ladrón que ataca a sus víctimas montado a caballo, fue detenido dos veces en 12 días por robos en la ciudad de Corrientes.
El beneficiario de la “puerta giratoria” de la Justicia correntina es F.B. y tiene 17 años.
El menor es acusado de ser el autor de un violento atraco a una estudiante de odontología que fue atacada en la calle, cuando salía de la facultad, el pasado 10 de marzo.
La situación fue registrada por la cámara de seguridad de una vivienda ubicada en la calles La Pasionaria, del barrio Victor Colas. En la misma se observa que la muchacha cruzaba la calle, cuando el atacante transitaba a caballo de frente.
Cuando la chica se hallaba cerca de la vereda, el jinete desmontó y raudamente fue tras de la víctima a la que sorprendió, tomándole de la mochila y arrastrándola.
Ella logró proteger sus materiales de estudio y su mochila, pero el maleante logró quitarle el teléfono celular.
Cometido el atraco, el ladrón huyó en su jamelgo.
Debido a que la Policía accedió a estas imágenes, se pudo reconstruir el recorrido que realizó el sospechoso y así lograron identificarlo.
El 11 de marzo la policía allanó una casa en cercanías de lugar en el que se cometió el atraco. Incautaron el caballo que habría sido usado para ejecutar el delito y detuvieron al sospechoso, pero no recuperaron el teléfono.
Demoraron al menor en una Comisaría.
Una jueza de menores tomó intervención en la causa. Luego de un trámite sumario, decidió liberarlo el día 12.
Pero, el pasado lunes 21 a las 23.30, F.B. fue detenido nuevamente. Esta vez por violentar una vivienda de donde pretendía llevarse una pila de ladrillos.
Estaba con otros dos cómplices. Una patrulla policial que circulaba por el lugar los halló mientras trasladaban los ladrillos de construcción que apilaban al costado de la calle. La intención habría sido trasladarlos con un carro.
Pero el plan no se concretó, ya que fueron demorados.
Estos hechos delictivos desnudan la falta de compromiso del Gobierno en hacer cumplir las leyes que están orientadas a la contención y encausamiento del comportamientos de los jóvenes en conflicto con la ley; esto es, la inversión en recursos humanos, técnicos e infraestructura para generar las condiciones óptimas para el tratamiento de los casos.
Ante esta situación, los jueces ordenan el alojamiento de los menores en Comisarías hasta tanto se realicen los primeros pasos del proceso judicial y luego, ordenan su libertad.
“Es importante señalar la gravedad del alojamiento en Comisarías, amén de su ilegalidad e inconstitucionalidad”, explicó Rosa Esquivel Iglesia de San Lorenzo, titular del Juzgado de Menores Nº 1.
Y, remarcó que esas Unidades dependen jerárquicamente de la Jefatura de Policía de la Provincia de Corrientes y “se debe tener muy en cuenta que el personal policial encargado de la custodia y cuidado de los menores allí alojados, carecen en forma total, de la debida capacitación y especialización, en el tratamiento con adolescentes infractores o en conflicto con la ley penal”.
Es por ello que la magistrada había hecho notar la necesidad de construir un “instituto intermedio” en la provincia y hasta dio especificaciones respecto de las condiciones edilicias que se necesitan.
Sin embargo, el Gobierno de la Provincia de Corrientes, hizo caso omiso al pedido.
Esto deriva en que los menores que delinquen siguen en libertad, sin contención e inmersos en situaciones complejas derivadas de las consecuencias de la falta de contención, con un sistema educativo deficiente y en una de las provincias más pobres del país.
