Federico G. A. Zamudio.
El martes 1 de marzo de 2022, miembros de la Asamblea Basta de Quemas nuevamente fueron presionados por las fuerzas policiales.
Los activistas se manifestaban pacíficamente en la entrada de la Legislatura, con motivo de la apertura de las sesiones ordinarias, y fueron expulsados violentamente por la Policía de Corrientes y personas no identificadas, vestidas de civil, para que se retiraran del lugar, un espacio público como lo es la plaza 25 de Mayo, imágenes de lo ocurrido inundaron las redes sociales en videos tomados por los mismos agredidos.
Un vocero de la entidad, denunció: “Policías vestidos de civil comenzaron a empujarnos para impedir que los cánticos interrumpieran el discurso del gobernador Gustavo Valdés. A mí intentaron sacarme el celular con el que estaba haciendo el registro audiovisual. A una compañera fotógrafa le dijeron que la tenían marcada desde el sábado (día en que se realizó el puentazo). Después de eso nos persiguieron: nos echaron de una plaza pública y luego del puerto. Nos siguieron con camionetas de la Policía. Fue un momento de mucha tensión y angustia, porque no sabíamos si todos nuestros compañeros estaban bien”.
Otra participante relató: “Parados en las escalinatas, un grupo de compañeros activistas ambientales y del colectivo LGBTTTIQ+ intentábamos llegar, de manera pacífica, a que el gobernador nos escuche, pero el accionar abusivo y amenazador de la policía lo impidió una vez más. Mientras nos empujaban hasta la mitad de la plaza, repetían que nos fuéramos porque de lo contrario iban a proceder“.
Y prosiguió: “Entre empujones y resistencia intentaron arrebatar el celular de un compañero que registraba lo que allí sucedía, nos sacaron de la plaza y nos siguieron varias cuadras, diciéndonos que sabían quiénes éramos y lo que hacíamos”.
Los manifestantes se habían unido al colectivo LGBTTTIQ+ para apoyarlo en su reclamo de un cupo laboral travesti trans, y declararon sentirse censurados y sufriendo un atropello, como “cualquiera que piense diferente a este gobierno y tenga la valentía de manifestarse”, por lo que declararon que “esta crisis no se resuelve con violencia, sino con políticas de Estado que piensen en el pueblo y no en intereses particulares de empresarios y funcionarios”.
Con respecto al sábado 16 de febrero, las entidades ambientalistas habían realizado una protesta a la que denominaron “puentazo” debido al punto de reunión, y tenía la finalidad de visibilizar la destrucción ecológica que tiene lugar en Corrientes, y realizar reclamos tendientes a resolver las carencias de políticas aplicadas a esa área.
La marcha iba a ser pacífica en un lugar emblemático como el puente interprovincial Manuel Belgrano, donde planeaban juntarse de frente con otras agrupaciones provenientes de Resistencia.
Las organizaciones no preveían cortes, sino la caminata por un solo carril, para no interrumpir el acceso, pero un sorpresivo operativo policial lo impidió, usando la represión -la que en muchas ocasiones las mismas fuerzas del orden la tildaron de pacífica-, que se vio plasmada en los empujones a todos los participantes, sin hacer distinciones entre hombres, mujeres y niños.
Los manifestantes eludieron responder a los actos de violencia y aceptaron las órdenes de los funcionarios, que fueron enviados a disolver una multitudinaria proclama social, realizada por personas que demandaban -en un momento en el que se palpa la falta de aptitud de las instituciones estatales- la creación de un Ministerio de Ambiente provincial; la aplicación de leyes de protección forestal y de capacitación ambiental para funcionarios públicos; la renuncia del director de Recursos Forestales, Roberto Rojas; y una ley de protección de pastizales.
Organizaciones ambientalistas realizarán una manifestación en el puente interprovincial
