En las principales ciudades del país generan controversias por el aumento del pasaje de colectivos.
Quienes presionan, son las empresas que desarrollan el servicio. Estas son concesionarias, ya que tanto las trazas como los recorridos son de los municipios.
Lo que generalmente se hace es establecer un convenio por el que las empresas pagan un monto anual para trabajar.
Esto lleva generalmente a connivencias entre empresarios y políticos por los que se hacen acuerdos espúreso. Y, como el Estado Nacional subsidia el combustible, los costos son bajos pero las autoridades locales no controlan la relación entre los gastos y lo que recaudan las firmas.
Así, los usuarios padecen al estar obligados a usar servicios con irregularidad en los horarios, unidades en mal estado, sin garitas y hasta reciben malos tratos de los choferes.
Pero, en la localidad de Santo Tomé, en Corrientes, el servicio de colectivos urbanos es distinto porque es totalmente público.
La gestión del anterior intendente Mariano Garay puso en marcha el servicio con unidades de transportes propia. Puso al frente a funcionarios locales en colaboración con empleados municipales y la participación de los usuarios.
Los choferes son empleados municipales, los ómnibus son de patrimonio municipal y las trazas están administradas por el municipio.
El boleto común que está a 40 pesos y recorre los barrios de la ciudad, mientras que los estudiantes pagan $30 y jubilados; $35.
Luego que el peronista Garay perdió las elecciones y asumió Augusto Suaid, de Cambiemos, el gobierno municipal avanza en una ordenanza para privatizar el servicio.
“El sistema es inviable porque produce gastos”, sostuvo Raúl Etchegaray, concejal de esa ciudad quien se pronunció en favor de buscar “la mejor alternativa” para mejorar el servicio de transporte.
