Federico G. A. Zamudio.
Siguiendo la vieja maña política de estar de acuerdo, pero oponerse, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes decidió mantenerse al margen de la movilización del 1 de febrero.
En un comunicado informó que no se adhiere ni participará de la marcha popular, aun manteniendo que “se necesitan cambios radicales no sólo en el ámbito judicial, sino en numerosas esferas gubernativas”, ya que “la Justicia en su conjunto deja mucho que desear, tanto en el orden provincial, regional y nacional, incluida la Corte Suprema de Justicia argentina”.
Asimismo, reconoce inteligentemente que sus integrantes son “miembros de la sociedad” y “testigos de la incapacidad para responder con garantías de imparcialidad a las demandas generales, y que como trabajadores” se sienten “víctimas de un Poder Judicial cada vez más alejado de los reclamos de quienes” conforman “el principal andamiaje del servicio”. Con respeto a ello no recuerda que ese servicio está cada vez más degradado y deficiente.
En ese orden, asegura alarmado que “es una convocatoria teñida de política partidaria”, a pesar de que se fueron adhiriendo otras entidades judiciales más transparentes en todo el país. Por otro lado, se vanagloria de que en Corrientes han tenido una “acción gremial firme en la defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores”, y que bregan “por una Justicia independiente y democrática, seria y eficiente al servicio del pueblo”, “públicamente, haciendo reclamos y presentaciones, peticionando, caminando sus calles y llegando a cada Poder del Estado correntino”.
Todas estas frases tan bien escritas tienen una sola traducción, que es todo lo contrario de lo que en realidad representan, ya que provienen de un movimiento sindical que apoya a la oligarquía desde el momento en que fue creado, cuyo mayor interés es mantener su statu quo y solo sale a la calle para reclamar los aumentos o pagos de los mejores sueldos que perciben los empleados estatales, y cuyos abultados montos los ubica solo un poco por debajo de los salarios ejecutivos.
Por otro lado, la falta de compromiso que ha manifestado en cada ocasión la entidad sindical, solo potencia la consabida leyenda de que forma un grupo de personajes enquistados en el poder, cuyo único interés es el de mantener sus privilegios y que poco le importa la falta de independencia de los poderes del estado. Además, manteniendo la misma línea, nunca ha reconocido que los empleados judiciales conforman una parte absolutamente responsable de la falta de credibilidad de la Justicia.
Corrientes se adhiere a la gran movilización nacional del 1 de febrero