Federico G. A. Zamudio.
La llegada de las altas temperaturas, más los cortes de agua y luz o la falta de los mismos en diversas localidades, sumen a la provincia en una precaria situación.
Más de 800 millones de personas carecen de servicios básicos en el mundo, principalmente del agua, y corresponden a estados que no tienen un gran desarrollo económico. En Corrientes, para no ser menos, la estadística oficial asegura que provee del líquido elemento al 87 por ciento de la población, un número que es casi invariable desde antes del año 2005.
El acceso al agua y a la energía eléctrica son “las condiciones sustentables mínimas para la dignidad en la vida de los habitantes”, es la premisa de un proyecto de ley presentado en la cámara baja del Congreso nacional en 2018, que está sostenida en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se determina la necesidad del agua para ejercer los derechos a la salud, a la recreación, al esparcimiento y, especialmente, a la vida digna. Se ve acoplada la energía en esta condición debido a que se la necesita para que haya agua corriente.
Como se dijo, en Corrientes las obras de ampliación de la red siguen siendo insignificantes, la aplicación de recursos nacionales como el Permer (Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales) son de escaso uso, y se limitan a emparchar las deficiencias de empresas que no cumplen con la función para la cual han sido creadas. En la provincia los reclamos son incontables, como el caso de Curuzú Cuatiá, donde gobierna ECO-Vamos Corrientes y su viceintendente, Guillermo Morandini, aseguró: “No puedo entender que en 2022 estemos como en el año ’30, llevando agua a los vecinos con un camión cisterna”.
Además los problemas van más lejos, ya que los repetidos cortes de luz motivaron a los vecinos para que se movilizaran hasta las oficinas que la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) tiene en la ciudad, e iniciaran sus reclamos. “Hace tres días que estamos sin luz. Reclamamos acá, llamamos a Corrientes haciendo varios pedidos y no hubo solución”, se quejó uno de ellos. Debido a ello, el interventor de la Dpec, Alfredo Aún, se trasladó a esa localidad para brindar palabras en vez de hechos, realizando las repetidas promesas.
En la capital la situación no es distinta, y las manifestaciones comienzan a hacerse cotidianas, como el corte de la ruta 12, cerca del Riachuelo y en el acceso al barrio Cañada Quiroz, realizado por vecinos hartos de soportar la falta de servicios indispensables.
Asimismo, existen barrios relegados, como Río Paraná y un asentamiento denominado La Tosquera, en este último viven unas 500 familias que en general escasamente tienen acceso a la red pública de agua potable, los residuos cloacales se vierten en pozos negros y es irregular la conexión a la red eléctrica, y que ahora están recibiendo agua de donaciones de vecinos y de algunos empresarios privados.
Debido a esa situación tercermundista, algunos habitantes del asentamiento realizaron una manifestación en uno de los accesos al anfiteatro Cocomarola, durante la segunda noche de la Fiesta del Chamamé, la que se desarrollaba con el brillo todas las luces.
La precariedad y el maltrato social son constantes en una sociedad que a veces se alza por tener necesidades urgentes, lo relatado no es extraño y ocurre todos los años, como el acto de proselitismo barato de un concejal oficialista, Paco Achitte, que llegó con unos bidones de agua y un equipo televisivo para publicitar su recorrida por el barrio; nunca fue más acertada la línea de Cambalache: “La Biblia junto a un calefón”.
