La Cámara de Casación Penal de la Nación validó todo lo actuado en la investigación a un ex secretario de un juzgado federal y rechazó su planteo de recusación al fiscal Carlos Adolfo Schaefer, quien condujo las averiguaciones por presunto cobro de coimas a narcos en un juzgado federal de Corrientes.
En el fallo de la causa CFP 9886/2018, los jueces Mariano Hernán Borinsky y Javier Carbajo, de la Sala 4 de ese Tribunal de Revisión, indicaron que “el artículo 120 de la Constitución Nacional señala que el Fiscal es parte en el proceso, pero se trata de un órgano independiente y con autonomía funcional gozando de principios de unidad y jerarquía propios y, debe promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.
Consideraron que “el recurrente, en el presente caso, no demuestra fundadamente de qué modo se ve afectada la objetividad que debe tener el representante del Ministerio Público Fiscal, ni su deber de requerir la aplicación justa de la ley garantizando los intereses generales de la sociedad”.
Sostuvieron además que la presentación de Grau “tampoco, comprueba un concreto agravio de imposible reparación ulterior relacionado con la intervención del Fiscal Carlos Schaefer”.
Y, por último, la jueza Angela Ledesma expresó que Grau “no acredita adecuadamente la existencia de una cuestión federal, para habilitar la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio, de conformidad con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso”.
En consecuencia, se resolvió rechazar el planteo presentado por el ex secretario judicial acusado de cobrar coimas, al tiempo que confirmaron todo lo actuado en la causa y confirmaron la validez de la participación del Fiscal General Federal de Corrientes en la investigación desarrollada.
La causa que involucra a Federico Grau, Pablo Molina y el ex juez Carlos Soto Dávila, está enmarcada en un legajo donde surgió la sospecha de una presunta actuación irregular por parte del entonces titular del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, y dos de sus secretarios como así también de distintos abogados que litigaban en esa sede judicial.
El conjunto de pruebas incluye un universo de más de 30 causas.
Los fiscales que intervinieron en las averiguaciones consideraron acreditada la existencia de otra organización criminal, integrada por Carlos Vicente Soto Dávila -en calidad de “jefe”, ex titular del Juzgado Federal n° 1 de Corrientes-, Pablo Carlos Molina y Federico Alberto Grau, como así también por un grupo de abogados de Corrientes -en calidad de “miembros”-, dedicada a realizar diferentes delitos en violación de sus funciones con el fin de beneficiar a personas investigadas por narcotráfico a cambio de dádivas -pagos de dinero o promesas de pago-.
El pedido alcanza, en total, a 9 imputados.
Para el Ministerio Público Fiscal, la asociación ilícita benefició a narcotraficantes de Itatí -en su mayoría integrantes del grupo criminal descubierto en la anterior causa- a cambio del pago de coimas.
De acuerdo a la investigación, el ex magistrado y sus secretarios disponían detenciones en investigaciones de narcotráfico para luego negociar con los responsables de esas maniobras a cambio de dinero, que era percibido y entregado a través de los abogados, para luego dejar sin efecto esas detenciones u ordenar excarcelaciones, contrariando flagrantemente lo ordenado previamente en el mismo expediente.
