Finalmente, el juez federal de Paso de los Libres, Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, dispuso el derribe de los comercios precarios instalados a la vera de la ruta 123.
Las tareas comenzaron a las 6 de este 17 de diciembre, luego de que los efectivos de la Gendarmería ejecutaran el despeje de la zona y dispusieran un operativo de seguridad para garantizar la integridad física de los operarios de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que accionaron las máquinas con las que demolieron las estructuras.
El operativo se concretó después de que el jueves 17 vendedores se resistieran a ser desalojados y cortaran la ruta nacional 123, como medida de presión para evitar el cumplimiento de la medida judicial, además de reclamar que se acercara el Gobernador para abandonar el lugar, que les entregaran un lugar definitivo para comerciar, viviendas y hasta una indemnización dineraria. Sólo depusieron la actitud a última hora de la tarde.
Al despejar la ruta evitaron que se activaran los mecanismos dispuestos por la Justicia federal, en un ultimátum donde se ordenó a la Gendarmería que, de ser necesario, utilizara la fuerza para despejar esos 50 metros que existen desde la ruta nacional 123, zona perteneciente a la Dirección de Vialidad Nacional.
Para lograr el mismo fin, el magistrado Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda solicitó a las empresas proveedoras de agua potable y electricidad que procedieran al corte de los servicios. “La orden deberá ser ejecutada el día 17 de diciembre del año 2021, a partir de las 6 y hasta su culminación, la cual no podrá extenderse por más de 48 horas”, indica el mandato judicial.
Quienes se negaban a desalojar el predio integran el grupo de 17 feriantes allegados a la ex responsable de la administración del precio, Ramona Villalba, sindicada como la responsable de los desmanejos financieros y administrativos del lugar, investigada en una causa de narcotráfico y sospechosa de ser autora intelectual del doble crimen de Julio Canteros y su hijo Julio, apuñalados a pocos metros de allí, en un intento de usurpación de sus viviendas. Además estaría vinculada a altos funcionarios de la Unión Cívica Radical, quienes le brindarían protección política y judicial.
Por ello, el jueves generó suspicacias la presencia de la legisladora Mariel Meza, quien se acercó a “mediar” con quienes cortaban la ruta. Se sospecha que la legisladora también tiene vínculos con la denominada “mafia del Gauchito Gil”, ya que un familiar suyo fue detenido por narcotráfico en un operativo en el que ella medió para evitarle la privación de la libertad.
Los puesteros rebeldes ya se habían negado a dejar los lugares el pasado 27 de noviembre, cuando el juez Fresneda les había dado 48 horas para cumplir la sentencia. Para evitar conflictos, prorrogó el plazo. Ese día se demolieron algunos locales que ya estaban desocupados. El miércoles 15 de diciembre volvieron las máquinas viales, pero la ex encargada del lugar, Villalba, se paró frente a ellas para frenar la operación.
La orden judicial indica: “Ante el supuesto de que se mantenga la ocupación irregular de la zona de banquinas y la zona afectada a la circulación vial en la ruta nacional Nº 123, y exista desobediencia a la orden judicial dictada en el marco de la conciliación homologada, se dispondrá el desalojo por sentencia judicial con orden de lanzamiento y detención a las personas que resistan la manda jurisdiccional, todo lo cual implicará el uso de la fuerza pública de las unidades especiales antidisturbios de las fuerzas federales.”
El juez interpreta que “está fuera de toda duda que las banquinas que integran la zona de seguridad vial de la ruta nacional Nº 123, por una extensión que va desde el asfalto hasta los límites de los inmuebles, en un ancho aproximado de 50 metros por cada lado, constituyen inmuebles de dominio público afectados a la utilidad pública, y su ocupación no solo es prohibida a los particulares por el derecho patrimonial que implica, sino porque la ocupación afecta el interés público, por el cual deberá estar liberada de toda ocupación u obstáculo”.
Por lo tanto, dice el juez: “No encuentro sustento jurídico en la operatividad del derecho que invocan los recurrentes, en mantenerse en un lugar de jurisdicción federal afectado al dominio público por un servicio esencial de seguridad vial, sin ningún tipo de habilitación jurídica, local y ningún amparo reglamentario, para ejercer una actividad comercial, que por las circunstancias antes señaladas, constituye un ejercicio irregular y abusivo de un derecho.
Y remarca: “Resulta irrazonable e ilógico que la desocupación de la zona de ruta nacional, se de a partir de que exista un predio definitivo, toda vez que la planificación y ejecución de una obra pública de dicha extensión requiere de un proceso de plazos amplios, es por ello, que la propuesta de las autoridades públicas provinciales, municipales y nacionales, haya sido la reinstalación provisoria en la zona cercana.
Ante esto ratifica la orden de desalojo y establece que “el diligenciamiento y ejecución de la orden de desocupación estará a cargo de la jefatura del escuadrón de Paso de los Libres de la Gendarmería y/o personal que este designe bajo su exclusiva responsabilidad, facultando a dicha unidad al empleo de la fuerza pública, limitada para casos de gravedad, con el apoyo y acompañamiento de la Policía de la provincia de Corrientes para cuestiones de seguridad y orden, y por la Dirección Nacional de Vialidad para la desinstalación y destrucción de las construcciones, todo ello bajo la coordinación de la Gendarmería”.
El despeje del área es de vital importancia para la seguridad vial, porque el santuario se emplaza a la vera de una vía de tránsito que conecta las rutas nacionales 12 y 14, de vital importancia para el comercio internacional con Brasil y Paraguay, y el desalojo tiene como fin posibilitar seguridad a más de 1.200.000 devotos que cada 8 de enero asisten a lugar.
Las autoridades quieren que para el próximo mes el área esté despejada, se ordenen espacios para el estacionamiento de vehículos y el acampe de los turistas, se garantice la seguridad para las personas y sus bienes, y haya control del comercio.
