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Corrientes
30 noviembre 2022

Ex juez deberá ser llamado a declarar por entrega irregular de vehículos secuestrados

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La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el llamado a indagatoria para el exjuez federal Carlos Soto Dávila en una causa que investiga una serie de maniobras para entregar a un narcotraficante automóviles secuestrados por la Justicia.

Integrada por los subrogantes Juan Manuel Iglesias, de Chaco; Mirta Tyden de Skanata y Mario Osvaldo Boldu, ambos de Misiones, la Cámara Federal de Corrientes rechazó un recurso de la defensa del exmagistrado Soto Dávila para evitar su llamado a indagatoria en una causa sobre supuestos falsedad ideológica, cohecho y estafa procesal.

La investigación fue encarada por los fiscales federales de Corrientes Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, en el marco de sucesivas entregas de vehículos que permanecían a disposición del caso por narcolavado en el que era investigado el Roberto Rodriguez, investigado por nartocotrárico y lavado.

Este última era propietario de la agencia de autos de alta gama RRVip de la ciudad misionera de Posadas, allanada en la investigación por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en la que finalmente fue condenado en marzo de 2018 a 13 años de prisión en Corrientes.

Previamente, había sido condenado por narcotráfico y se constató que tras esas operaciones de contrabando montó una serie de empresas de diversos rubros para lavar el dinero obtenido, como la agencia de autos, así como un complejo hotelero, entre otros.

En el transcurso de la investigación, en 2016, los fiscales Ferrini y Schaefer encontraron indicios de maniobras ilícitas para entregar los autos secuestrados de la agencia de Posadas a terceros. Algunos, vinculados con Rodríguez, pero se sospecha que esos automóviles eran “vendidos” a terceros por medio de los secretarios judiciales y los abogados.

Lo que se investiga es si los funcionarios judiciales cobraban a terceros una suma de dinero a cambio de entregarles los vehículos incautados.

En ese trámite los representantes del ministerio público analizaron declaraciones con firmas falsificadas, de al menos una persona que decía ser un comprador de buena fe de un vehículo que había sido secuestrado en la agencia allanada.

Para evitar la indagatoria, Soto Dávila expuso que en otra causa en la que estaba acusado junto a sus secretarios, por escuchas telefónicas ilegales, se lo sobreseyó. Pero la Cámara de Apelaciones le rechazó el argumento.

Además de Soto Dávila, en este expediente es investigado un exsecretario penal de ese juzgado, Pablo Molina, y el sumariante Zacarías Issolio, a los abogados Duylio Barboza Galeano y Noelia Agnelo y un monotributista llamado Víctor Manuel Fernández, supuesto comprador de los vehículos.

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