El Tribunal Oral Federal de Corrientes postergó en las últimas horas sin fecha el juicio al exjuez federal de esa ciudad Carlos Soto Dávila y un grupo de funcionarios y abogados por el supuesto cobro de coimas a imputados por causas de narcotráfico.
El motivo de la suspensión del debate es que no se encuentran en el expediente las declaraciones de los arrepentidos, entre otras pruebas, que involucran al juez y a sus secretarios en supuestas maniobras de corrupción.
Es por ello que el Tribunal Oral Federal de Corrientes integrado por los subrogantes Juan Manuel Iglesias de Chaco, Rubén Quiñones de Formosa y Manuel Moreira de Misiones, suspendió nuevamente los plazos del juicio por supuesta “asociación ilícita y cohecho” en el que está imputados el ex magistrado Carlos Vicente Soto Dávila; dos secretarios, Pablo Molina y Federico Grau, y un exempleado del juzgado, Zacarías Issolio -quien concursa por un cargo de juez y otro de Camarista- así como un grupo de abogados correntinos.
El hecho supone una nueva dilación en el juicio ya que, en noviembre último se habían suspendidos los plazos del proceso a pedido de las defensas, dado que no se encuentran en el expediente “legajos de identidad reservada, legajos de arrepentidos, legajos de investigación e incluso expedientes que tramitaron con anterioridad o simultáneamente a la presente causa”, señalaron los jueces.
En su medida, los magistrados también reiteraron los pedidos a los tribunales federales 3 y 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Juzgado Criminal y Correccional Federal 12, “solicitando se remita a la brevedad la documentación”.
Las pruebas solicitadas fueron reunidas en causas conexas, como la del Operativo Sapucay, por narcotráfico desde la ciudad correntina de Itatí a diversas partes del país y que este año terminó con condenas de entre 17 y cuatro años y medio de prisión.
Por su parte, Aníbal Ibarra, defensor del secretario del juzgado federal 1 de Corrientes, Federico Grau, puso de manifiesto “la necesidad de contar con las declaraciones completas de arrepentidos, para ejercer el derecho de defensa y ofrecer prueba en función a ello, alegando el principio de igualdad”.
La medida dictada por el tribunal correntino surgió en respuesta a un planteo de la fiscalía, a cargo de Carlos Schaefer y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), para que se retomen los plazos del proceso hasta la resolución definitiva del caso en juicio oral.
Este freno, según los fiscales, “le impide el avance hacia el desenlace, impidiendo al MPF ejercer su función de promoción y ejercicio de la acción pública en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad, que estima vulnerados por la medida”, indica la resolución.
En esta causa se investiga el supuesto pago de coimas al exjuez Soto Dávila y a dos secretarios penales de su estrado, Pablo Molina y Grau, por parte de narcotraficantes de la localidad de Itatí a través de los abogados Omar Serial, Gregorio Giménez, Jorge Vallejos, Duylio Barboza Galeano y Tomás Viglione.
Ese expediente se tramitó en el Juzgado 12 de la Ciudad de Buenos Aires como un desprendimiento de la investigación por el operativo Sapucay y al llegar a instancia de juicio fue derivado a Corrientes.
Asimismo, entre los imputados figura el exintendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone, quien había sido detenido en el penal de Ezeiza y cuyo abogado, Pedro Martino, denunció que fue víctima de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) debido a una intervención de las llamadas del exfuncionario mientras cumplía prisión preventiva en el módulo 6 junto a otros dirigentes y empresarios.
