Operarios de la Dirección Nacional de Vialidad fueron movilizados al predio del santuario del Gauchito Gil, en Mercedes, para dar cumplimiento a la orden del magistrado Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, quien mandó a desalojar los terrenos que fueron tomados a la vera de la Ruta Nacional 123 por vendedores informales de artículos de santería.
La medida se había decretado el pasado viernes 26 y emplazaba a los comerciantes a sacar sus pertenencias antes del lunes 29, pero luego les dio plazo hasta el viernes 3. Advertía en la manda judicial que de hacer caso omiso, se iniciarían acciones penales por desacato y se mandaría a demoler las construcciones.
El jueves en la tarde se movilizaron al lugar un grupo de gendarmes del Escuadrón 7 de Gendarmería, como también numerarios de Vialidad Nacional que movieron máquinas pesadas con las que arrasarían con las construcciones ilegales.
Pero, el viernes, vencido el plazo, el magistrado no dio la orden para avanzar y sólo autorizó a demoler algunas construcciones que no estaban habitadas y cuyos dueños ya habían desalojado.
Quienes ya dejaron el lugar es la mayoría. Se trata de 60 feriantes que se trasladaron a una carpa montada a unos 50 metros de la ruta, en un lugar habilitado por la Municipalidad hasta que se construya un complejo comercial definitivo, en la misma zona.
Pero, unos 17 puesteros se niegan a dejar la banquina y presentaron un amparo judicial que ahora está en la Cámara Federal de Apelaciones ya que les fue rechazado en primera instancia.
Lo que habrían reclamado para dejar el terreno tomado es que se les construya casas para habitarlas, locales de material con todos los servicios y se los indemnice.
Una de las comerciantes que se niega a salir es Graciela Galarza quien explicó los motivos por los que se niega a dejar el lugar. “firmaron un acuerdo de conciliación en el cual nosotros debíamos salir voluntariamente del predio del Gauchito Gil de la parte que estamos usurpando, que es el sector de Vialidad Nacional, sector de banquina. Lo que hicimos fue preguntarle a Juan Insaurralde, el representante de los puesteros, la razón por la que firmó ese acuerdo, pero él lo negó. Y en ese acuerdo no entraron los delegados. No nos negamos a salir, pero lo haremos cuando estén los puestos definitivos, de material y digno. Es injusto que después de 30 años nos quieran echar”.
En tanto, Martín Villalba, el abogado que representa a la mayoría de los comerciantes sostuvo que los puesteros rebeldes están vinculados al grupo de Ramona Villalba, la mujer que es sindicada como la jefa de una organización dedicada a tomar terrenos en la zona y a la que se la acusa de ser la instigadora del doble homicidio de Julio y Sergio Canteros, padre e hijo que se opusieron a que se les usurpe la vivienda que habitaban.
