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25 julio 2024

Corrientes: masiva marcha contra la persecución política y el gatillo fácil

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Unas 15 cuadras de manifestantes marcharon en el centro de la ciudad de Corrientes para denunciar la existencia de presos políticos en la provincia, expresarse contra la persecución a las organizaciones sociales y partidos opositores al gobierno; pero también contra la violencia con la que actúa la Policía, carente de control gubernamental.

En la marcha, además, se hizo notar la invisibilización de estos hechos en los medios locales.

La marcha fue motivada por la detención ilegal del profesor Guillermo Galantini, en la ciudad de Monte Caseros.

El docente había sido ferozmente golpeado y privado de la libertad cuando un grupo de la Policía de Corrientes irrumpió en un terreno para desalojar a unas 20 familias rurales que habitan ese predio, ubicado en el paraje Paso Vallejos.

Esta represión fue ordenada por el fiscal Ricardo Lopez Ruiz quien, además, ordenó la detención de quienes se manifestaban contra el desalojo.  

Es así que las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos de todo el país se manifestaron en el centro de Corrientes para exigir la libertad inmediata de Guillermo Galantini, dirigente político y detenido el 23 de noviembre.

El profesor fue detenido, junto a su hijo Galileo, una persona mayor de 70 años y Jorge Espíndola. La movilización –que llenó quince cuadras de personas, algo inusual para la provincia– se concentró en la plaza Juan de Vera y fue hasta el Superior Tribunal de Justicia, para culminar en la Casa de Gobierno, donde se entregó un documento y se hizo una conferencia de prensa.

Galantini está imputado de atentado y resistencia a la autoridad, e instigación a cometer delito porque desde un megáfono instó a atacar a los policías que participaron del procedimiento; y también lo acusan de lesiones a un par de uniformados, en base a una filmación.

Por estos delitos es que le denegaron la excarcelación, pero su abogado Hermindo González pedirá el miércoles próximo su liberación. “La familia desalojada perdió todas las instancias del juicio, pero Galantini considera que la orden de desalojo era ilegítima e ilegal, y por eso planteó acompañamiento y resistencia. Claramente al momento de detenerlos la policía cometió abusos como hace con todos los pibes de los barrios, pero me habilitaron que no haya obstáculos procesales”, dijo González a Página/12. Al reducirlo fue golpeado en un ojo, la cabeza y la espalda, y estuvo incomunicado.

El Comité contra la Tortura supervisó la situación, y luego fue traslado a Curuzú Cuatiá para recibir atención médica y estar lejos del personal policial, consignó la periodista Adriana Meyer.

“La detención, seguida de golpes y torturas en la comisaría de Monte Caseros, contra él y contra la familia despojada de la tierra en que vivieron durante 50 años, constituye una grave violación del legítimo derecho a reclamo, además de una clara persecución a un reconocido luchador comprometido con las causas populares y los derechos humanos”, expresaron esas entidades, entre ellas la CTA, en un comunicado.

“Guillermo está preso bajo la absurda definición judicial de que, al ser luchador social y defensor de los Derechos Humanos, su libertad puede entorpecer la causa con el argumento del uso de las redes sociales o podría profugarse, algo que el compañero nunca hizo con otras causas que esta justicia venal, funcional al poder político del Gobierno de Corrientes le abrió en años anteriores”, agregaron quienes se solidarizaron con Galantini, referente de la Coordinadora por los Derechos y la Justicia (CoDeJu).

“Guillermo continúa padeciendo las dificultades que tiene la familia para verlo y las demoras que hay ante la solicitud de un control médico para saber el estado real de su salud. Mientras tanto, la familia Almeyda quedó en la calle, para beneficio de los apropiadores de la tierra donde trabajaron y vivieron durante décadas. Ante estos hechos decimos que la criminalización a la protesta social y la violencia policial en los desalojos es en parte producto de los discursos punitivitas y de odio que expresan distintos sectores de derecha”, expresaron las organizaciones.

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