Federico G. A. Zamudio.
En la audiencia efectuada ayer, el fiscal López Ruiz y el juez Eduardo Alegre determinaron la prisión preventiva del docente Guillermo Galantini.
La Coordinadora de los Derechos y la Justicia (Codeju) se expresó en apoyo del docente apresado y en contra de las decisiones arbitrarias de las autoridades judiciales locales, que actuaron con una dureza que no se condice con la gravedad de los hechos, pero sí se ajusta al accionar dictatorial que busca acallar las voces de protesta.
El manifiesto en un principio asegura: “El fallo no sorprendió a los allegados, ya que se sabía que el deseo político del Gobierno de Valdés es mantener en la cárcel la voz crítica de Galantini, pero causó estupor las razones esgrimidas por el fiscal y avaladas por el juez. Argumentaron que Galantini en las redes sociales alentó la movilización social para obstaculizar el accionar judicial, sin embargo y como bien lo planteó en la audiencia el abogado defensor, Hermindo González, las leyes argentinas y los tratados internacionales salvaguardan la libertad de expresión”.
Asimismo, agrega: “¿Quiénes más que nosotros, que fuimos reprimidos y torturados en estos episodios, deseamos la clarificación de los hechos? expresó Galantini. En cuanto a la otra razón, alentada por los funcionarios en el sentido de que están temerosos de que Galantini se fugue, tiene aún menos asidero que la anterior, ya que en sus años de militancia soportó procesamientos, falsas acusaciones, tareas comunitarias y juicios ante el tribunal, además de salir siempre sobreseído, nunca faltó ni puso excusas a las citas judiciales.
Por último, asegura: “Hay una sola razón para estas resoluciones: y es la de perpetrar un ataque político contra los sectores vulnerables y las libertades individuales y colectivas de la población, cercarlas y disciplinarlas para poder utilizar el 75% de los votos en aplastar las críticas y gobernar pisoteando derechos, y seguir distribuyéndose las riquezas provinciales entre pocos privilegiados de una casta política que ya lleva más de 20 años en la provincia. Agradecemos infinitamente todos los apoyos recibidos, sabemos que está en la movilización el triunfo contra este ataque, que es al conjunto de los trabajadores y el pueblo”.
Curiosamente, la localidad se había publicitado desde 2015 como una especie de baluarte de los derechos humanos, cuando señalizaron el ex centro clandestino de detención que operó en la agrupación Mesopotamia Sur, el cual, a pesar de lo ocurrido, todos esperan que no vuelva a funcionar.
Reclamos tras la represión y el abuso de autoridad en Monte Caseros
