Federico G. A. Zamudio.
Una ciudad donde gobierna la fuerza bruta y el personal policial carece de credibilidad, ya que en él recaen firmes sospechas de participar en hechos delictivos.
La activista independiente Antonella Paniagua denunció, en un medio radial, brutalidades cometidas por las fuerzas policiales a los ciudadanos que solo exigen el cumplimiento de sus derechos individuales. Esta acusación fue realizada durante la tarde de ayer, cuando un movimiento vecinal se manifestó fuera de la comisaría Primera de Monte Caseros, para pedir la liberación de dos personas arrestadas injustamente: Guillermo Galantini y Jorge Espíndola.
En ese orden, Paniagua denunció que las fuerzas del orden dejaron incomunicados a los detenidos, y sospechan de “abusos en una localidad con alto índice de criminalidad y donde la policía está sospechada de cometer crímenes, abusos y robos”. Asimismo, resaltó: “Un pariente del comisario Claudio Fernández, jefe de la comisaría Primera, está acusado de pirata del asfalto, y justo a esa comisaría los llevaron”.
Además, destacó que el comisario anterior, de apellido Vera, estaba acusado de cometer un crimen, por el cual “fue removido y encarcelado, pero luego lo liberaron y colocaron de nuevo en un puesto”, a lo que agregó: “Pensamos que ahora están tomando represalias, ya que Galantini intervino en la denuncia a Vera”.
Por otro lado, la activista resaltó que hubo policías que manifestaban que esas tierras se las iban a entregar a ellos si conseguían expulsar a todos los habitantes. También acotó que no existía orden judicial para el desalojo, y que “no solo dejaron a la intemperie las pertenencias” de los expulsados, sino que les “robaron las mercaderías de sus casas y toda la comida”.
El martes 23, por la tarde, la policía reprimió violentamente una manifestación pacífica en la ruta nacional 129, en la ciudad de Juan Pujol, los ciudadanos se habían presentado para apoyar a los habitantes de un terreno que se encuentra en litigio. Durante el altercado fueron golpeadas y arrestadas varias personas.
Brutal represión policial a familias rurales