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Condenan a una mujer que obligaba a vender drogas a sus hijos adolescentes

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Una advertencia anónima de vecinos y una publicación en un medio digital en el que se denunciaba la venta de estupefacientes en un barrio de la ciudad de Monte Caseros, derivó en una causa judicial en la que fue condenado un clan acusado de comercializar cocaína y marihuana por medio de niños y adolescentes a quienes, además, ofrecían drogas para el consumo.

En el caso tomó intervención la Justicia Federal luego que se hiciera pública la existencia de un baldío en el que un grupo de aproximadamente 50 personas se reunían a comercializar y consumir estupefacientes.

La preocupación era que muchos de estos portaban armas con las que se dirimían pleitos, al tiempo que en ocasiones cometían asaltos en la zona.

El caso fue activado el día 9 de abril del año 2019. Ese día los efectivos de la Prefectura Naval constataron que los hechos denunciados se efectuaban en la calle Entre Ríos al 1500 de esa ciudad.

Según el informe en ese lugar “se estaría comercializando sustancias estupefacientes, venta que estaría a cargo de un grupo compuesto por aproximadamente cincuenta personas de ambos sexos”, en su mayoría menores de entre 14 y 17 años.

Entre estos se hallaban un muchacho de 15 años y su hermano, de 16, encargados de distribuir los envoltorios. Esta actividad la realizarían por orden de su madre, “La Brasilera” Buera, de 38 años y de la pareja de ésta, de apellido Miño, de 28 años.

También fue identificado en la causa, el hijo mayo de la mujer, un muchacho de apellido Olivera, de 20 años supuestamente encargado de comercializar los envoltorios con drogas entre menores de edad.

Otro integrante de la organización sería un joven de 21 años de apellido Ortíz, quien habría sido pareja de Buera años atrás y con quien tendría una hija.

Concluidas las investigaciones el Juzgado Federal de la ciudad de Paso de los Libres autorizó, en julio de 2019, la ejecución de dos allanamientos, en viviendas cercanas de esa barriada periférica de Monte Caseros.

En una de ellas los prefecturianos hallaron dosis de marihuana oculta en un paquete de toallitas húmedas de bebé,  en el bolsillo de una campera; además de un otras dosis ocultas sobre un placard donde además había una balanza de precisión.

En otra vivienda, habitada por Buera, hallaron siete chips de conexión telefónica, dos memorias extraíbles, tres teléfonos celulares y “se constató en el patio trasero, adyacente a la casa, una bolsa de color blanco con rosa, con dos  envoltorios de marihuana”, indica el informe.

En total se incautaron 302 gramos de marihuana, $400 y una motocicleta  de 200 centímetros cúbicos.

Luego que la causa fue elevada a debate, los acusados acordaron con el Ministerio Público Fiscal que cumplirían una pena de 4 años por los delitos de los que fueron acusados. Es así que el Tribunal Oral Federal de Corrientes homologó ese acuerdo y fijó la condena estipulada.

En tanto, los menores de edad no fueron encausados, pero se ordenaron medidas para su control y cuidado.

Por otra parte, se inició una investigación conexa por la provisión de estupefacientes a ese kiosco de drogas. En esta estaría involucrado un hombre de esa misma ciudad.

La vivienda de este sospechoso también había sido intervenida en el contexto de ocho allanamientos simultáneos realizados en el barrio San Ramón Sur.

Esa noche de sábado llegaron a esa barriada unos 50 efectivos de Prefectura Naval y Gendarmería Nacional con grupo de especia­listas en citología, con ca­nes preparados para la de­tección de estupefacientes y equipos especializados provenientes de la localidad misionera de San Javier y desde Santo Tomé, Paso de los Libres, Mocore­tá y Alvear, equipados con elementos antimotines.

La acción se concretó por orden del Juz­gado Federal de Paso de los Libres, que estaba a cargo de la magistrada subrogante Cristina Pozzer Penzo y del fiscal federal Aníbal Martí­nez, de la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, luego de medio año de trabajo, y con sustento pro­batorio.

La preocupación en aquel entonces era la misma organización esté incurriendo en el delito de trata de personas y explotación de menores a la actividad de narcotráfico, lo que, finalmente, fue descartado.

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