El fiscal de instrucción Gustavo Roubineau pidió la imputación de once policías, todos ellos acusados de intervenir en forma directa o mediata en los hechos que derivaron en la muerte de Lautaro Rosé, el pasado 8 de noviembre en la avenida Costanera de la ciudad de Corrientes.
El titular del Ministerio Público Fiscal, además, habría recomendado a la jueza Josefina González Cabaña que analice la posible existencia de riesgo procesal por el entorpecimiento de la causa dado que, si bien tres uniformados fueron separados del cargo, otros ocho aún están en actividad y ninguno de ellos está detenido.
Esto surge, además, de una denuncia de amenazas realizada por el testigo clave de la causa I.M., de 16 años, quien en el momento en que Rosé pedía auxilio en el agua, los policías lo esposaron para golpearlo salvajemente.
“Si te vemos en la calle te va a pasar lo mismo que le pasó a tu amigo”, le habrían dicho luego de soltarlo frente a la Comisaría Segunda después que los integrantes de la guardia de prevención de esa Unidad se negaron a recibirlo debido a que lo notaron golpeado. “Evidentemente no se quisieron hacer cargo de esos apremios y lo dejaron ir”, sostuvo una fuente allegada a la querella.
Era la primera vez que I.M. salía de noche. Lo hizo por insistencia de su amigo, Lautaro Rosé con quien, además, jugaba al fútbol y estudiaba en el Instituto Iberá donde ambos cursaban el cuarto año.
También fue la primera vez que la Policía lo demora. “Ni el menor, ni Lautaro tenían antecedentes policiales”, aclaró el abogado Hermindo González, quien representa a la familia de Rosé y al adolescente.
Debido a las amenazas supuestamente proferidas por los uniformados, la familia del adolescente pidió protección. Desde la Asesoría de Menores coincidieron en esto, pero advirtieron que de hacerse lugar, serían policías provinciales los que lo custodiarían.
Es por ello que se analiza solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación y al Ministerio de Seguridad de la Nación que se le brinde protección con fuerzas de seguridad federales.
Manipulación de la información
La primera versión que surgió en relación al hecho es que en la avenida Costanera había ocurrido una pelea y que un llamado al servicio de emergencias 911 derivó en la intervención del Grupo de Intervención Rápida Motorizada y que en esas circunstancias se habría generado la persecusión a Rosé y a su amigo adolescente.
Esto ahora está en dudas. ‘No hay nada que funde el operativo de razzia que origine la persecución y tampoco la detención. Por eso es privación ilegítima de la libertad”, sostuvo el abogado González y agregó: “tampoco existe actuación referente a la existencia de esa desaparición de Lautaro. Las investigaciones vinculadas al hecho inician 24 horas después, cuando la madre hace la denuncia ante el fiscal para poner en conocimiento la desaparición de su hijo. Las actuaciones mencionadas tienen un carácter distorsivo, para instalar una versión que criminalice a los jóvenes. Existe un sumario administrativo que realizó el Ministerio de Sagurida de la Provincia en el que apartó de los cargos a los funcionarios involucrados”.
En relación al menor que ahora es un testigo clave en la causa, sostuvo que fue víctima de apremios ilegales, privación ilegítima de libertad y vejaciones. “Lo que está claro es que hubo apremios ilegales y tormentos, lo demuestran los peritajes”, remarcó González.
En tanto el Ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, sostuvo que “hay que ser prudentes y dejar que la Justicia avance y ser respetuoso de lo que vaya definiendo la Justicia con las pruebas que reúna”.
En ese sentido aclaró que “se pusieron a disposición todos los elementos técnicos y humanos con que cuenta la Policía. Se trata de las filmaciones de las cámaras de seguridad y los llamados al 911”.