Familiares de víctimas de hechos de violencia institucional se manifestaron frente a la sede de las fiscalías de instrucción para pedir celeridad en las investigaciones y “justicia para las víctimas”.
La marcha se llevó adelante el jueves a las 9. Partió de la plaza Juan de Vera de la ciudad de Corrientes y la columna se trasladó por la calle La Rioja hasta Pellegrini hasta llegar al edificio del ex hotel Buenos Aires, donde se hallan las oficinas de los jueces y los fiscales provinciales.
Acompañados por organizaciones sociales y de Derechos Humanos, los familiares realizaron un breve acto en el que denunciaron la inacción de los funcionarios en relación a los casos.
Lo que detonó esto fue la muerte de Lautaro Rosé, el joven de 19 años que fue perseguido por la Policía y presuntamente obligado a arrojarse al río Paraná. El muchacho murió ahogado.
Quienes estaban en esa marcha eran en su mayoría personas radicadas en la Capital, pero también había del Interior provincial, como Ana María González, quien viajó desde Itá Ibaté para denunciar posibles irregularidades en la actuación policial en su poblado.
Sostuvo que “mis hijos son perseguidos por la Policía, al igual que muchos muchachos de Itá Ibaté. Hay mucha brutalidad policial y nadie hace nada”.
Denunció que “hace poco demoraron a un muchacho en un baile y lo llevaron a la Comisaría donde le pegaron hasta matarlo. No hubo investigación, no pasó nada. Por eso pedimos que la Justicia intervenga”.
El martes, se replicará una nueva manifestación, esta vez con los amigos y familiares de Rosé quienes reclaman que los once policías investigados por su posible relación con los hechos que derivaron en la muerte del muchacho y los vejámenes que padeció su amigo de 16 años.
Mientras tanto, en las redes sociales, una mujer que se autoproclama referente de “la familia policial” llamó a una manifestación en apoyo a los policías, en un claro acto provocatorio.
La fémina en cuestión es Juana Gómez, titular de una empresa de seguridad de dudosa legalidad y esposa de un ex policía. Se hizo conocida por haberle arrojado un zapato al entonces gobernador Arturo Colombi en una protesta que organizó para obligar al Gobierno a otorgarle aumentos salariales a los uniformados.
Desde las redes sociales arenga a los policías y sus familiares para que salgan a las calles, ahora, para presionar a los funcionarios judiciales que investigan la muerte de Rosé.
Los familiares de la víctima de violencia institucional y abandono de persona consideran una provocación la marcha impulsada por Gómez -quien no es uniformada y cuya pareja ya no está en actividad en la Policía- debido a que la organizó luego de tomar conocimiento que la familia Rosé ya había convocado a una manifestación programada para el martes.
La situación genera tensión y las autoridades aún no tomaron medidas respecto a las consecuencias que podría generar la actitud de la supuesta institución “familia policial” que encabeza Gómez.