Beneficiarias de programas sociales que son administrados por el Gobierno de Corrientes dieron a conocer que son obligadas a trabajar en boliches, bares nocturnos y jardines de maternales privados, en lugar de realizar prestaciones en el ámbito público.
También habrían sido obligadas a asistir a los actos de campaña de los candidatos de Encuentro por Corrientes+Cambiemos.
“Si nos negamos, nos descuentan o nos cortan el beneficio”, denunció ante Prensa On Line una de las afectadas.
Se trata de personas inscriptas en el programa Potenciar Trabajo que fue generado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero que en la provincia es administrado por el Gobierno de Corrientes a través del Ministerio de Desarrollo, cuyo titular es Adán Gaya quien, a su vez, otorga cupos de trabajo a los municipios administrados por Cambiemos y la UCR.
Las denuncias fueron dadas a conocer por medio de audios de la aplicación whatsapp que se hicieron virales.
“La funcionaria Cecilia Olivero del área de logística del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, les indica que deben presentarse a realizar tareas de limpieza y atención en boliches y restaurantes, de lo contrario las amenaza que perderán la cobertura social que perciben”, dieron a conocer en el programa de radio A la Hora Señalada (Radio Mega).
La funcionaria “solamente les da instrucciones de dónde, cuándo y cuántos días deberán trabajar, y en qué horarios deberán presentarse a limpiar o atender; mencionando claramente los nombres de boliches y bares reconocidos, especificando las direcciones y las novedades que ofertan esos negocios privados”, denunciaron.
En otros casos las beneficiarias que tienen capacitación en docencia en el ámbito del nivel inicial son enviadas a trabajar a instituciones educativas privadas vinculadas a funcionarios gubernamentales provinciales y municipales. Uno de ellos es el que se ubica en la calle Rivadavia al 1100 de la ciudad de Corrientes.
“Trabajamos hasta 12 horas a veces, porque después de ir a los jardines municipales nos mandan a los maternales privados, todo por la misma plata”, sostuvo una de las denunciantes.
Según explica el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, “el Programa Potenciar Trabajo busca mejorar las posibilidades de empleo y generar nuevas propuestas productivas por medio de la terminalidad educativa, la formación laboral, la certificación de competencias y la creación, promoción y fortalecimiento de unidades productivas gestionadas por personas físicas que están en situación de alta vulnerabilidad social y económica”.
“La finalidad del Programa Potenciar Trabajo es promover la inclusión social plena y mejorar los ingresos de las personas físicas que están en situación de alta vulnerabilidad para que alcancen la autonomía económica”, sostienen.
Cada beneficiario percibe 15.000 pesos, pero puede acceder a otros derechos, como la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar.
Lo que establece el programa es que deben formar grupos de trabajo, generar cooperativas y realizar actividades para fortalecer la presencia del Estado en los barrios, al tiempo que pueden contratar con privados y otras empresas para la prestación de servicios.
“Hay un cupo de miles de beneficiarios del programa nacional que durante el gobierno de Mauricio Macri transfirieron a provincia”, explicó un funcionario provincial. Lo que ocurrió fue que durante el gobierno de Alberto Fernández todos estos convenios continuaron.
Estas listas están en la base de datos del Ministerio de Desarrollo de la Nación, pero su administración es coordinada con la Jefatura de Gabinete y los gobiernos provinciales.
Pese a la intervención de tantos organismos, la ejecución del programa carece de control. En otros términos, esta situación conlleva que el Gobierno Nacional solventa los costos de los planes que son administrados por funcionarios Cambiemos en la provincia de Corrientes y que son usados para acciones políticas en beneficio de este último sector.
