Un colectivo de organizaciones sociales, sindicales y políticas lleva adelante en Corrientes una serie de acciones contra el progresivo avance de emprendimientos privados en una extensión superior a las 10 hectáreas de la costa del río Paraná y reclaman a las autoridades respetar el patrimonio público contra el bloqueo al acceso a las playas.
El intento, vigente, de construir un shopping en las arenas de la playa pública de Corrientes y el sucesivo avance de paradores con actividad diurna y nocturna movilizaron al colectivo denominado “Defensores de los espacios públicos costeros” a una serie de acciones legales y de visibilización.
En total son aproximadamente 10,44 hectáreas de superficie de ocupación privada existente y proyectada en las playas públicas de la Costanera Sur de la capital correntina, que se distribuyen con dos paradores, el relleno realizado por un club, rellenos considerados ilegales por los manifestantes y el plan de un shopping.
Los integrantes del grupo explicaron que el Concejo Deliberante de Corrientes aprobó en 2019 seis excepciones al Código de Planeamiento de la ciudad para dar lugar a la obra del shopping sobre la playa Arazaty, iniciativa de la empresa que cuenta ya con un shpping en Corrientes, así como dos casinos, entre otros negocios.
“Con una serie de informes en ese proceso judicial, el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente y el Ejecutivo municipal avalaron la obra pese a que no pidieron estudios de impacto ambiental ni convocaron a audiencias públicas”, explicó Florencia Rus.
“Por otro lado, la Dirección de Catastro de la Provincia se presentó avalando la propiedad de la empresa Hoco S.A. de ese sector de la playa con unas mensuras de un particular de apellido Bayol”, explicó la referente.
Por su parte, las abogadas del colectivo presentarán próximamente documentación que determina que el área donde se pretende construir el centro comercial es un espacio de playa pública, “construida con refulado de arena por iniciativa pública pues hace unos años eso era agua”, señalo Rus.
Y añadió que, de esa manera, “ese sector absorbe las crecidas del río, pero como estamos en momentos de sequía encuentran motivo para construir”.
“En el transcurso de la acción judicial –dijo la especialista- se emitieron resoluciones que indican que se debería velar por el espacio público, pero no es lo que está ocurriendo”.
Asimismo, hubo una serie de medidas cautelares contra las concesiones efectuadas por la gestión municipal de Eduardo Tassano a favor de paradores, que vienen avanzando con el cierre de la playa.
Para contrarrestar el avance de los negocios privados con aval municipal sobre las costas, el sábado último el colectivo de acción comunitaria se concentró frente a las costas con manifestaciones sobre los cierres de ese sector, tanto como de otros en la ciudad.
“Tenemos a simple vista varias acciones, como una denuncia en una unidad fiscal de medio ambiente pero que se frenó y no sabemos por qué, por lo cual retomamos las actividades en la calle que iniciamos este sábado con una concentración en la costanera Sur y vamos a continuar para dar visibilidad y trasladar esta inquietud a la gente que usa la playa que es de Corrientes y de Resistencia, Chaco”, indicó la arquitecta, que representa al colectivo Turba.
Corrupción macrista: municipio autorizó el vallado de una playa pública
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