Un tribunal correntino dejó sin efecto los plazos para los trámites relacionados a un juicio en el que se intentará determinar la responsabilidad de un ex juez federal, dos de sus secretarios y un grupo de abogados en relación al pago de coimas para mejorar la situación procesal de narcotraficantes.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes, integrado por los subrogantes Juan Manuel Iglesias, de Chaco; Rubén Quiñones, de Formosa y Manuel Moreira de Misiones, determinó la suspensión de todos los plazos en el juicio al exjuez federal de esa provincia, Carlos Soto Dávila, investigado en una causa de cohecho en el que están involucrados sus dos secretarios penales, Pablo Molina y Federico Grau; cinco abogados, narcotraficantes y supuestos intermediarios.
Tras la determinación del TOF las defensas reclamaron la postergación de la audiencia inicial de ofrecimiento de pruebas y otras instancias preliminares, por el faltante de una serie de documentaciones que debían ser remitidas por el Juzgado Federal de Primera Instancia en Criminal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre estos documentos se hallan las declaraciones como arrepentidos de al menos dos imputados, que debieron estar incluidas en el expediente de la instrucción hecha por el Juzgado Federal 12 de la Ciudad de Buenos Aires en momentos en los que su titular era Sergio Torres, actual ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
En esta causa se investiga el supuesto pago de coimas por parte de -al menos- dos narcotraficantes correntinos al juez Soto Dávila y a dos secretarios penales de su estrado, Pablo Molina y Federico Grau, a través de los abogados Omar Serial, Gregorio Giménez, Jorge Vallejos, Duylio Barboza Galeano y Tomás Viglione.
La causa es un desprendimiento de la investigación por el supuesto envío de hasta 15 toneladas de marihuana por semana desde Itatí a siete provincias argentinas.
Entre los imputados figura el ex intendente de la localidad correntina de Empedrado, Juan Manuel Faraone, a quien lo señalaron como supuesto “intermediario” entre el juez y los narcos.
Este había sido detenido en el penal de Ezeiza, pero fue liberado porque pasaron más de tres años sin que se lo lleve a juicio.
Tras esto, el abogado que lo representa, Pedro Martino, denunció que tanto él como su defendido fueron víctimas de espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, debido a una intervención de las llamadas de Faraone mientras cumplía prisión preventiva en el módulo 6 junto a otros exfuncionarios y empresarios , como también la existencia de micrófonos en las áreas de uso exclusivo para las reuniones entre detenidos y defensores.
