Luego de siete años, la Justicia Federal condenó a tres años de detención en suspenso a una mujer acusada de captar a un menor para explotarlo laboralmente en una chacra de Cecilio Chavarría.
Los hechos datan de 2014, cuando una convocatoria en una radio de un pequeño poblado de la provincia de Jujuy creaba expectativas de un trabajo rentable, pero a cientos de kilómetros. La propuesta prometía un salario digno, transporte gratuito hacia el sitio de trabajo y días libres. Nada de eso fue cierto.
Una de las víctimas de explotación laboral tenía 15 años cuando fue trasladado desde Abra Pampa, provincia de Jujuy, hasta la localidad correntina de Cecilio Chavarría.
Lo habían captado un grupo de personas que serían de nacionalidad boliviana, la primera semana de agosto de 2014. Debido a la necesidad de ingresos económicos su madre, lo dejo partir y los extraños lo trasladaron en una camioneta, un viaje de 19 horas que finalizó en una quinta donde se cultivaban tomates, pimientos y zapallitos.
En ese lugar habría sido alojado en un galpón, junto a otros hombres y menores, todos oriundos del Norte del país. “El muchacho no sabía dónde se encontraba trabajando, deseaba regresar a su casa, pero que aún no había recibido ningún pago por el trabajo que desempeñaba de lunes a sábado y domingos por la mañana”.
Los domingos por la tarde tenía autorización para salir, por lo que había ido hasta un pueblo cercano donde conoció a un vecino a quien le contó su situación. Fue éste quien habría informado de la situación al número de teléfono 145 habilitado para denunciar casos de trata de personas y explotación laboral.
Para entonces, ya había pasado un mes de su llegada a Corrientes. Y, si bien tenía un teléfono celular con el que se comunicaba con su madre, no tenía medios para regresar a su provincia y su progenitora desconocía dónde se encontraba el menor.
Tras la denuncia realizada la Gendarmería inició una investigación y constató la existencia de esa quinta. Un efectivo policial se hizo pasar por un comprador de hortalizas y se entrevistó con la arrendataria del lugar. Fue asi que pudo constatar que el niño se hallaba en ese lugar.
Luego pudieron contactarse con el menor vía telefónica y le solicitaron una reunión fuera del establecimiento, un día en que pudiese salir. En esa reunión el chico ratificó todo lo que constaba en la denuncia e imploró que lo lleven a su casa, en Jujuy.
Es así que en una segunda incursión, con datos firmes, los gendarmes notificaron a la arrendataria, de apellido Maraz, que la situación en la que estaba ese joven era irregular.
El 29 de septiembre, el menor se comunicó telefónicamente con el jefe de la investigación e informó que tras la visita oficial a la quinta recibió una paliza. Este fue el hecho que derivó en un allanamiento al lugar en el que los gendarmes, con una orden judicial, rescataron al menor y relevaron la presencia de trabajadores en situación de explotación laboral, todos oriundos de Jujuy y de Bolivia.
Pero no fue hasta septiembre de 2017 que la arrendataria del lugar fue arrestada.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes aceptó su solicitud de participar de un juicio abreviado en el que acordó la pena de tres años de detención. La causa continúa debido a que se trata de identificar a otros involucrados.
