Un abogado aseguró que fue espiado cuando se entrevistaba con clientes de la provincia de Corrientes detenidos en Buenos Aires.
La denuncia fue presentada por el abogado que representó al ex intendente Juan Manuel Faraone en una causa tramitada en los tribunales de Comodoro Py al 2002 de la Ciudad de Buenos Aires, Pedro Martino, quien denunció por asociación ilícita y maniobras de espionaje ilegal a Mauricio Macri y a los responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su mandato, tras sostener que sus comunicaciones telefónicas habrían sido objeto de seguimiento clandestino.
El abogado denunció en el juzgado federal porteño -a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi- además a Gustavo Arribas, a Silvia Majdalani y a Gustavo Biorci como parte de una asociación ilícita dedicada a operaciones de espionaje ilegal. Llevó así a los tribunales el caso de supuestas escuchas clandestinas efectuadas por la AFI detectadas en las comunicaciones, en este caso, con su defendido, quien permaneció detenido en el penal de Ezeiza desde el 18 de octubre 2018 hasta 19 de diciembre 2019.
En la denuncia a la que accedió esta agencia, Martino indicó: “Surge claramente que quienes representaban el Poder Ejecutivo (Estado Nacional) en el año 2019, a través de su Agencia Federal de Inteligencia (AFI), han llevado adelante actividades ilícitas que me han afectado gravemente”.
Destacó además que lo afectó en el ejercicio profesional como abogado de la matrícula, pero además, “habiendo presuntamente violado entre otros el secreto profesional, afectando así el debido proceso legal y el derecho de defensa en juicio de las personas sometidas a proceso”.
El abogado pidió ser tenido como querellante en la causa seguida al exmandatario y los ex responsables de la AFI, al acusarlos de “presunto delito de asociación ilícita, artículos 210 y 210 bis del Código Penal y violación a los artículos 42, 43 y 43 bis de la ley de inteligencia 25.520”. Y sostuvo: “También se ha violado el artículo 58 del Código Procesal Civil y Comercial (ejercicio profesional) y el artículo 18 y 14 bis (derecho al trabajo) de la Constitución nacional, con claro avasallamiento del derecho de defensa en juicio”.
“Queda claro que el espionaje ilegal durante el anterior gobierno no fue un hecho aislado sino que obedeció a una decisión política-delictiva llevada adelante por las máximas autoridades de dicho gobierno”, manifestó el letrado. Y subrayó: “Los espiados ilegalmente son un sinnúmero de personas y, cuanto menos, participaron de esa asociación ilícita Macri, Arribas y Majdalani”, y agregó que “la denuncia contra Macri es en carácter de jefe de dicha asociación ilícita”.
En tanto, otro abogado, Jorge Adrián Barboza, aseguró: “Tengo información de que tres de mis clientes estaban detenidos en Ezeiza y por consiguiente he sido víctima de este espionaje ilegal”. E indicó: “Por los nombres que aparecen apuntaban a una cuestión política, porque la mayoría de los escuchados son personas que estaban en funciones durante el gobierno de Cristina Fernández y, a su vez, también eran escuchadas personas que estaban encausadas por narcotráfico”. Y adelantó: “Cuando se defina qué juez intervendrá, me presentaré en la causa como damnificado”.
Asimismo, manifestó: “A los abogados nos persiguieron desde el 1 de enero de 2016 hasta después de las Paso. Nos sentimos amenazados, hasta nos armaron causas y hasta intentaron voltear a un integrante de la Cámara Federal de Apelaciones”. Y agregó: “Patricia Bullrich reconoce que apretó fiscales. Lo hizo en su libro, en las páginas 77 y 78, donde claramente reconoce utilizar las fuerzas de seguridad y los elementos del Estado para lograr ciertos fines. No entiendo cuál es el sentido de espiar a los abogados, pero un año antes ocurrieron cosas raras, como la persecución de la Unidad de Información Financiera a los abogados que representaban a personas acusadas de narcotráfico, enviándonos carta documento para que informemos quiénes nos pagaban, por ejemplo”.
