La restitución de derechos a las víctimas continúa avanzando en todo el país, a partir de la articulación del Comité con los gobiernos provinciales y municipales y en el marco del Plan Bienal 2020/2022
El Municipio de Gobernador Virasoro, de la provincia de Corrientes, a través del Honorable Consejo Deliberante aprobó anoche por mayoría absoluta la norma que autoriza establecer al poder ejecutivo un cupo laboral para víctimas de trata y explotación sexual en el ámbito público.
El proyecto presentando por el edil Maximiiano Castillo contó con el acompañamiento unánime del el cuerpo legislativo y situa a la ciudad de Gobernador Virasoro en la vanguardia en la restitución de derechos para sobrevivientes del delito de explotación y trata sexual. La ciudad de Gobernador Virasoro esta ubicada en un importante circuito turístico e industrial de la Provincia de Corrientes, siendo sede de las empresas más importantes de producción de yerba mate del país.
La sesión legislativa contó con la presencia del Delegado de la región del NEA del la Dirección del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de personas, José María Serbin quien ante la solicitud de la presidenta del Concejo, brindó un balance y detalló el progreso del Plan Bienal 2020/2022 actualmente en ejecución, que hace especial hincapié en restituir derechos de las víctimas tanto de trata sexual, como laboral. Asimismo solicitó la aprobación y acompañamiento de la ordenanza municipal a todas las bancadas legislativas presentes y agradeció la posibilidad de participar de la sesión.
El Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas Gustavo Vera y al intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernandez Recalde oportunamente firmaron un convenio de cooperación para divulgación de la línea de denuncias 145 y de asistencia técnica, en el marco de fortalecimiento institucional con capacitaciones a funcionarios y publico en general de la ciudad, demostrado el fuerte compromiso de toda la comunidad en seguir aplicando normas y acciones en defensa de los derechos de personas afectadas por este delito contra la integridad humana.
