Federico G. A. Zamudio
Las autoridades están enfrascadas en la contienda eleccionaria y priorizan las ganancias políticas sobre las necesidades de los ciudadanos.
Cuando unos vecinos del barrio Fray de la Quintana sintieron preocupación porque en su vereda vivía una familia entera, cobijada bajo plásticos sujetos por maderos, decidieron tomar cartas en el asunto y recurrieron a los organismos oficiales que corresponden, con la ilusión de que hallaran una solución a un problema que abarca a más de un área estatal; desde los encargados de la salubridad hasta los que velan por los derechos de los niños, y desde las entidades catastrales hasta los protectores del medio ambiente.
Este medio publicó la información donde se detallaban las condiciones infrahumanas en las que vive esa familia, casi a la intemperie, haciendo sus necesidades en la vía pública, en este caso el pasto que es parte de la vereda que bordea el inmueble propiedad de los Retamozo, y que rodearon con un cerco de palos y alambre, improvisando los límites del usurpado espacio.
La desidia de los organismos estatales no tiene límites: una familia entera vive en la vereda
Los forzados inquilinos no solo necesitan que los reubiquen, sino acceso a una mejor calidad de vida, principalmente los niños, que se alimentan y visten gracias a la generosidad de los habitantes del populoso barrio, quienes les regalan mercadería y ropas.
Además no hay que olvidar los derechos de los dueños de la casa donde se apoya la rudimentaria vivienda, quienes también se ven afectados por esta situación, sobre todo en los últimos días, cuando el jefe de la familia indigente, de apellido Fernández, a causa de que se sintió invadido en lo que considera su propiedad, tuvo un altercado con el verdadero poseedor del inmueble.
Curiosamente, esto derivó en una denuncia realizada por su concubina, de apellido Soto, en la que reconoce que vive en esa vereda, que no tiene dónde ir a vivir y que obstaculiza la entrada lateral de la vivienda del barrio.
En esa misma línea, el padrastro de la “denunciante” tomó parte del entuerto y realizó amenazas, primero con un martillo y luego con un arma que parecía ser de aire comprimido, enojado al punto de querer echar a los Retamozo. Debido a ello, el invadido vecino se vio en la obligación de realizar una contradenuncia en la comisaría distrital.
De esta manera, lo que en un principio era una crítica situación social, donde las autoridades solo hacían oídos sordos a los llamados de atención, y que podría haberse solucionado fácilmente, en la actualidad está derivando hacia un escenario donde las actuaciones son de carácter penal, y los que deben dar respuestas de fondo miran hacia otro lado, atentos a las próximas elecciones.
