Las escuchas telefónicas realizadas a un hombre sospechado de ser la cabeza de una organización narco, habrían revelado que un oficial de la Prefectura Naval Argentina había montado un aceitado sistema de protección a bandas transnacionales, al tiempo que se garantizaba “secuestros extraordinarios” de marihuana por medio de operativos fraguados.
El caso tuvo lugar en la provincia de Corrientes en el contexto de una investigación que había iniciado a principios del año pasado y que derivó en la detención de un oficial de la fuerza de seguridad federal, ahora, acusado de narcotráfico.
La vinculación del uniformado con bandas criminales surgió de una investigación coordinada por el Ministerio Público Fiscal Federal en relación a una banda que traficaba desde Paraguay grandes cantidades de marihuana.
Los paquetes eran almacenados en islas en el río Paraná y luego acopiadas en predios cercanos a la costa desde donde, posteriormente, se trasladaban en vehículos hacia centros poblados.
La Gendarmería Nacional Argentina había identificado a un grupo de sospechosos. Se solicitó la realización de escuchas telefónicas y trazado los recorridos que utilizaban los traficantes, por medio de escuchas telefónicas.
Aparentemente, lo que había ocurrido es que la Gendarmería Nacional Argentina había iniciado una investigación a un grupo de narcotraficantes que ingresaban a nuestro país con importantes cantidades de estupefacientes traídos de Paraguay.
En este contexto, se habría identificado a los sospechosos a quienes se los vigiló cautelosamente. Así fue que los investigadores notaron que, en oportunidades, tenían reuniones que al menos un integrante de una fuerza de seguridad federal.
Es por ello que el Ministerio Público Fiscal decidió ampliar las acciones de investigación hacia numerario sospechoso. De esta manera habrían logrado probar su vinculación con los criminales.
Socios en silencio
Una de las hipótesis que se maneja es que el numerario acordaba con las bandas narco la protección de los cargamentos de marihuana.
Pero, a cambio de esta protección, los narcos debían dejar algunos paquetes abandonados para que las patrullas dirigidas por este oficial los encuentren y de esta forma “engrosen” las estadísticas de la Unidad.
La segunda teoría es que el oficial haya recibido una dádiva para proteger a los narcotraficantes y que, para encubrir esto, de vez en cuando montaba un operativo antinarcóticos en los que simulaba hallar grandes cantidades de marihuana.
También existe la posibilidad de que, cuando los operativos eran legítimos, es decir, cuando eran fruto de una investigación, sólo hacían figurar en las actas de incautación una parte de la droga, mientras que lo demás podría haber vuelto al circuito de comercialización.
Lo cierto es que el juez Gustavo Fresneda autorizó, finalmente, la detención del integrante de la Prefectura Naval Argentina quien ahora está imputado en una causa de supuestas maniobras de narcotráfico, agravada por su calidad de funcionario.
El caso tomó trascendencia en las últimas horas y se aclaró que “la causa sigue en investigación”.
Unidad maldita
El oficial detenido estaba en servicios en la misma Unidad Operacional que fue intervenida porque su anterior jefe habia sido acusado de corrupción.
En el marco de esa causa la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes confirmó el procesamiento aquel jefede la Prefectura Naval Argentina de la localidad correntina de Itá Ibaté, en una causa que lo investiga por haber ordenado construir su casa y utilizar un vehículo oficial a subalternos de la fuerza.
El oficial Fernando Ariel Morales Toledo, quien en 2019 se desempeñaba como jefe de la Prefectura Naval Argentina en la localidad de Itá Ibaté es investigado por el delito de “peculado de servicios” y en un fallo dictado por los jueces Ramón Luis González y Mirtha Sotelo de Andreau, la Cámara Federal de Corrientes dejó firme el procesamiento dictado en primera instancia en su contra.
De acuerdo con lo señalado en el fallo, el caso inició con un sumario administrativo por parte de la Prefectura Zona Alto Paraná, donde mediante una carta anónima del 24 de abril de 2019, se tomó conocimiento que Morales Toledo “habría afectado al personal que se encontraba a su cargo, para la construcción de una vivienda”.
Pero además, los magistrados indicaron en la resolución que el oficial denunciado “habría manipulando el vehículo oficial para el traslado de materiales de construcción, sumado a que el imputado se encontraba a diario en la obra, en horarios laborales”.
Los hechos, precisa el fallo, se produjeron desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2019 y el imputado reconoció ser el propietario del terreno y de la obra en construcción.
La causa llegó a instancia de procesamiento en el Juzgado Federal de Corrientes a cargo de Juan Carlos Vallejos, donde declaró personal subalterno de la Prefectura de Itá Ibaté que sumó aportes al sumario iniciado al uniformado.
Si bien la Cámara ratificó el procesamiento, también hizo lugar a un pedido de la defensa para que se declare la nulidad de un embargo trabado por hasta 100.000 pesos contra el hombre denunciado.
