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Corrientes
3 octubre 2024

Desequilibrio salarial y aumento de la canasta básica

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La pobreza se define como la insuficiencia de ingresos para alcanzar un determinado estándar de gasto de consumo.

Algunos gremios tienen la fortaleza para mantener a sus sindicados dentro de los parámetros necesarios como para subsistir y mantenerse -en algunos casos holgadamente- en épocas de crisis económica como la que está pasando Corrientes. Sin ir más lejos, desde mayo de 2021 el Sitraj exigía aumentos, los conseguía y aún así se mantenía al acecho para realizar mayores pedidos, los que realizó mes a mes con diferentes resultados, pero siempre favorables.

Sin lugar a dudas, reclamar los derechos de los trabajadores es algo que corresponde por ley y debe realizarse cuando las circunstancias lo ameriten, y con este ejemplo loable de democracia se puede justificar el hecho de que los sueldos de los judiciales estén por encima de la línea de la pobreza, y también por arriba de los de la mayoría de la población, como los de los docentes primarios, cuyos sueldos corren codo a codo con la inflación y el costo de vida.

Sobre los maestros hay un dato a tener en cuenta, cobran un poco menos que el personal de limpieza de Tipoití y que los mismos administrativos del Ministerio de Educación, y casi la mitad de lo que perciben los oficinistas del Poder Judicial. Sin desmerecer las actividades, todos los que las desarrollan merecen tener un poder adquisitivo que les permitan solventar los gastos regulares y tener acceso a la canasta básica, la que en este momento ronda los $62.000, pero, ¿qué significa este número? Que el ciudadano común, con su cónyuge y dos hijos, logró pagar su cuentas y alimentar a su familia sin excederse de este monto. Obviamente, la mayoría de los que lo consiguieron no tuvieron excedentes.

En este peldaño de la descripción hay que decir que -además de los injubilables jueces- los funcionarios públicos y sus adláteres, en su mayoría los elegidos por el voto popular, perciben -entre el sueldo y las ventajas del cargo- desde $180.000 hasta superar holgadamente los 350.000 pesos. De esta manera, sigue siendo una minoría -sustancialmente estatal- la que puede decir que no tiene mayores inconvenientes en solventar la inefable canasta básica, debido a que las diferencias salariales -abismales en algunos casos- son la herramienta justa para que, gracias al empeño estatal, Corrientes siga siendo la tercera provincia más pobre del NEA.

Federico G. A. Zamudio

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