La Justicia de Corrientes emitió una advertencia de intervención provincial a los municipios gobernados por el Partido Justicialista, lo que podría ser interpretado como un inminente conflicto institucional.
Esto ocurre porque los pueblos donde gobierna la oposición en la provincia -el PJ- elegirán intendentes y concejales el 14 de noviembre, junto con las votaciones a legisladores nacionales, ya que no aceptaron realizar estas votaciones junto con las de gobernador y vice el 29 de agosto.
La excusa que pone este poder del Estado correntino es que el desdoblamiento de las votaciones implica un gasto y que, pese a que los costos de logística es absorbido en gran parte por el Estado nacional, se debe abonar $11.300.000 al organismo judicial electoral de la provincia.
Los intendentes desconocían esto, porque en anteriores oportunidades el oficialismo había desdoblado las votaciones para no ir con las nacionales y nadie advirtió que debían afrontarse costos; y en las últimas horas recibieron presiones, ya que los jueces de la Junta Electoral provincial -todos ellos nombrados por gobiernos radicales- emitieron intimaciones reclamando ese dinero.
Los montos en cada municipio varían, porque depende de la cantidad de electores, y así el impacto económico en cada uno es distinto, según su capacidad de recaudación y disponibilidad de dinero.
En otros términos, el reclamo de la Justicia afectaría indirectamente a las necesidades de los vecinos, ya que para afrontar ese gasto imprevisto los intendentes tendrían que recortar el presupuesto destinado a mantenimiento de caminos y construcción de obras públicas, entre otros servicios importantes para las comunidades.
El justificativo de quienes tienen el rol de impartir “justicia” es que las comunas deben pagar ese monto por elegir intendentes, viceintendentes y concejales, y en la intimación al pago se los amenaza con configurar una causa de intervención del Municipio, según una retorcida interpretación del artículo 236 de la Constitución de Corrientes.
