El Poder Judicial había otorgado un aumento de 10% a los empleados de los juzgados y fiscalías, tras una negociación que puso fin a un reclamo por el que se realizaron marchas y huelgas.
Tras la firma del Acuerdo Extraordinario 5/21 del Superior Tribunal de Justicia, debía hacerse efectivo este abono en octubre, pero aparentemente el Gobierno no habría enviado los fondos para esos haberes salariales con aumento.
Es así que los empleados judiciales advierten que de no abonarse el aumento, podría generase un conflicto de Poderes y aumentaría la conflictividad.
Esto es porque, por un lado, el mismo Poder Judicial incumpliría un fallo; en segundo, porque el Gobierno afectaría con su accionar a otro poder del Estado; y, además, los empleados judiciales podrían continuar con las protestas y podría resentirse el servicio.
La situación quedará clara a principios de octubre, cuando se deban abonar los salarios.
