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29 mayo 2022

Para evitar los manejos liberales que fomentan al hambre y la pobreza

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Cuando en la Argentina se escucha por doquier que es un país de planes sociales otorgados a gente que no quiere trabajar y donde el gobierno nacional debe ser derrotado cueste lo que cueste.

En medio de los disparos que apuntan a la Presidencia con obuses de grueso calibre, la estructura económica estatal se mantiene pese a todo y sostiene a las provincias que están, indudablemente, en una clara situación de déficit, ya que la Coparticipación Federal funciona y lo hace en forma clara, con informes detallados que dan cuenta de los montos otorgados y llegando al punto de aumentarlos según las necesidades.

Esta ayuda monetaria es un sistema de rango constitucional que tiene por objeto coordinar la distribución del producido por los tributos impuestos por el Estado nacional, en virtud de una delegación efectuada por las provincias a la Nación, que debe recaudar las contribuciones, retener su porción y redistribuir. Excepto lo que suponen recaudaciones provinciales, ya que solo el pastel impositivo nacional es el que se reparte. Y estamos hablando del IVA, Ganancias y el impuesto a los combustibles, por ejemplo.

La Coparticipación fue implementada a partir de una ley convenio, y se determina sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, e instituye regímenes de coparticipación de las contribuciones pactadas, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos, los cuales se declaran mediante informes trimestrales y a fin de año, como el de 2019, que fue de más de 5 billones de pesos.

De esta manera, el gobierno nacional informó que hizo entrega a las provincias de más de 350 mil millones de pesos en 2020. Hasta aquí todo marcha sobre rieles, pero al buscar información sobre el monto total que recibió el mandatario correntino, el portal del Gobierno reporta que recibió 2.000 millones menos sobre un total que queda librado a la imaginación, ya que no informan las cifras y el resto de las entidades abruman con datos estadísticos, índices y porcentajes. Como ejemplo de ello se puede mencionar al Centro de Economía Política (Cepa), que no puede informar porque no recibe datos oficiales.

Ahora bien, la ley 23.548, sancionada en 1988, determina que el porcentaje a recibir la provincia litoraleña es del 3,86 por ciento del monto total a repartir; partiendo de esa base, el año pasado tendrían que haber arribado a las arcas de Gustavo Valdés más de 13 mil millones en ese concepto, sin contar los 294 millones que le tocaron en suerte cuando Alberto Fernández remitió 8 mil millones del Tesoro nacional destinados a la batalla contra el covid-19, pero la información es tan escasa que despierta las suspicacias.

Lamentablemente esto no termina ahí, porque el juego de las escondidas monetarias continúa cuando de conocer los estipendios destinados a los municipios correntinos se trata, y son muy raros los informes de los Concejos Deliberantes al respecto. Sin embargo, son muy claros al detallar los presupuestos aprobados y hacia dónde se dirige el gasto del erario público.

La hora de exigir cuentas a las administraciones es esta, una nueva compulsa electoral se acerca y se necesitan explicaciones detalladas para clarificar los gastos y el destino de los fondos, principalmente cuando son cifras millonarias que se pierden en la nebulosa burocrática, haciendo pensar que ciertos mandatarios hacen la vista gorda, al igual que a sus bolsillos.

Federico G. A. Zamudio

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