Una causa iniciada en un Juzgado de Paz del interior de Corrientes derivó en un escándalo político debido a que se descubrió no solo un conjunto de irregularidades jurídicas, sino que también que la denunciante percibiría doble sueldo, en jurisdicciones gobernadas por Juntos por el Cambio.
El caso se originó en la localidad correntina de Caá Catí, ubicada a 133 kilómetros de la ciudad capital de Corrientes.
La situación involucra a una funcionaria del Gobierno municipal de esa ciudad, quien está designada en un cargo con rango de directora en el gabinete municipal.
Pero al mismo tiempo, la misma denunciante percibe haberes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según las actuaciones en trámite ante el Poder Judicial de Corrientes y de la capital del país esto constituiría un fraude a la administración pública, por incumplimiento de las leyes 4067 y 6042 de la provincia de Corrientes, como también de otras normas de la Ciudad de Buenos Aires.
La situación quedó al descubierto cuando la funcionaria fue citada a declarar como imputada en una causa penal iniciada luego de que la mujer se negara a restituir bienes de alto valor económico que eran reclamados por su ex pareja.
Allí la mujer sostuvo que supuestamente ella habría comprado algunos de esos bienes con un sueldo que percibe en relación de dependencia en la ciudad de Buenos Aires. Y luego reafirmó estos dichos en otra causa, donde ella misma solicitó a la justicia que el Gobierno de la Ciudad informara si era empleada de ese organismo y que sueldo percibía.
Ante esta situación, teniendo en cuenta que la mujer está radicada en Caá Catí, pero dijo cobrar un sueldo en la Caba, se practicaron informes que dieron como resultado que la funcionaria, que estaba nombrada en una dirección municipal en Caá Catí, ya cobraba un sueldo estatal, pero en la capital del país, a pesar de vivir a 1.000 kilómetros de distancia.
Según fuentes judiciales, la situación implicaría, entonces, la comisión de los delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Debido a esto, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires inició una investigación.
El legajo de investigación 00626496, está radicado en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, donde se lo caratuló “supuesta defraudación a la administración pública, artículo 174 inciso 5 del Código Penal de la Nación”.
Lo que indica la investigación en curso es que la denunciada debería cumplir actividades de lunes a viernes en el horario de 10 a 17 en la administración porteña, pero, al mismo tiempo, vive en Caa Catí, donde se desempeña como funcionaria municipal.
La situación le fue informada formalmente al intendente de Caá Catí, Jorge Meza (Panu-Cambiemos), y se lo intimó a dar información al respecto y a realizar las denuncias correspondientes.
Pese a ello y a la gravedad del caso, hasta el momento el jefe comunal no habría realizado ninguna acción para revertir esta situación a pesar de que todo gobernante tiene la obligación de denunciar cualquier hecho ilícito que llegue a su conocimiento.
La funcionaria sospechada de corrupción, además, está involucrada en otro trámite judicial, en el que se investiga a una jueza de paz por “arreglar” causas vía Whatsapp para beneficiar a sus allegados y dictar medidas sin respetar las exigencias legales.
es una verguenza q haya grnte asi en el municipio habria q investigat q no haya mas ñoquis ahi adentro
esto votaron sheee