Como resultado de las actividades de ciberpatrullaje que realizan las fuerzas de seguridad, la Gendermería Nacional Argentina detectó la utilización de la red social Facebook para la posible captación de fotografías intimas de mujeres y menores de edad por parte de personas que operarían en la provincia de Corrientes.
Como resultado de esto se realizaron allanamientos en las ciudades de Goya, Corrientes y Resistencia, contexto en que los gendarmes incautaron teléfonos celulares, computadoras, otros elementos de comunicación y habrían demorado a tres individuos.
La causa judicial inició cuando un equipo especializado de la Gendarmería Nacional del Escuadrón 7 de Paso de los Libres detectó una página de la red social Facebook en la que una supuesta firma comercial ponía a la venta artículos de lencería.
En el mismo sitio virtual habrían buscado interesadas en comercializar los productos, un hecho que no generaba sospechas, pero que generó suspicacias cuando los supuestos comerciantes solicitaban fotografías íntimas a quienes se contactaban con ellos, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.
Ante esto se inició un rastreo para intentar identificar el lugar desde donde se administraba el sitio virtual.
Resultó entonces que las direcciones del Protocolo de Internet (los IP) correspondían a computadoras y teléfonos celulares que se hallaban en la ciudad correntina de Goya y en la ciudad chaqueña de Resistencia.
“Pudimos dar con el número de IMEI (número de identificación de equipo móvil) del teléfono que se utilizó y esta es una prueba muy importante para la causa”, informaron a Prensa On Line, fuentes cercanas a la investigación.
Las averiguaciones se realizaron por el tiempo de seis meses y “si bien, en una primera hipotesis se trataría de una organización que utilizaría fotografías para la presunta corrupción de menores, que sería del fuero provincial, se trata de establecer la existencia de hechos encuadrados en el delito de trata de personas”, aclararon los investigadores.
La causa esta tramitada en la Fiscalía Federal de Paso de los Libres cuyo titular es el doctor Anibal Fabian Martínez con la intervención del Juzgado Federal de esa misma ciudad, cuyo titular es Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda.
Este último fue quien dio las ordenes de allanamientos en el contexto de esta investigación por posibles delitos informáticos.
Fueron los efectivos de la Gendarmería Nacional los que realizaron una serie de allanamientos en la que hubo dos demorados.
En la operación intervinieron efectivos de la Unidad de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales y de los Escuadrones 48, 51 y 7 de la fuerza de seguridad.
Los uniformados realizaron allanamientos en los que decomisaron teléfonos celulares, computadoras de escritorio y portátiles, pendrives, discos rígidos externos y demás elementos de interés para la causa, informaron fuentes judiciales.
Los operativos se realizaron en las provincias de Corrientes y Chaco en el contexto de una averiguación por la posible violación de la ley nacional 26.388 (Delitos Informáticos, los Delitos contra la Integridad Sexual), pero también se averiguan posibles hechos vinculados a la Trata de Personas y la difusión de mensajes e imágenes que fomentan la explotación sexual.
En el contexto de esta manda judicial efectuaron el registro de tres inmuebles, dos en la ciudad chaqueña de Resistencia y uno en la ciudad correntina de Goya.
Como resultado de estos allanamientos, los funcionarios decomisaron 1.400 dólares, 17 teléfonos celulares, ocho computadoras, ocho prendrives, tres discos rígidos externos, una cámara fotográfica, 11 tarjetas de memoria, DVD y CD y demás elementos de interés para la causa.
El Magistrado interviniente dispuso el secuestro de los dispositivos de interés para la investigación como así también la detención de dos ciudadanos mayores de edad, uno de la provincia de Corrientes y otro, de la ciudad de Resistencia.
Uno de los detenidos sería un empresario inmobiliario y en su domicilio habrían hallado “gran cantidad de material útil para la causa”, mientras que el otro sería familiar de un funcionario que trabaja en un organismo nacional.
Es por ello que los investigadores aclararon que “ningún funcionario, agente o trabajador de algún organismo estatal nacional o provincial se halla involucrado en la causa”.
