El sobrino de Pedro Cassani, titular de la Cámara Baja de la provincia, recibió un rechazo a su planteo defensivo y la Justicia federal confirmó así su procesamiento por lavado de activos por medio de maniobras financieras ficticias.
Lo que se le achaca es haberse valido de su título de escribano para validar ventas que habrían permitido lavar activos.
En un fallo de las juezas Mirta Gladis Sotelo, Selva Angélica Spessot y Nadya Aymara Moor, rechazaron los planteos de las defensas y, en línea con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, confirmó este lunes los procesamientos de Mario Giudici, el escribano Oscar Cassani y Mario Boschetti por considerarlos responsables del delito de “lavado de activos de origen delictivo” llevado a cabo con habitualidad. Los dos primeros, en carácter de autores y el último, como partícipe necesario. Asimismo, las juezas confirmaron el embargo de sus bienes hasta cubrir la suma de 9 millones de pesos cada uno.
Los imputados están acusados de realizar, de manera coordinada, la transferencia de un bien inmueble situado en la calle Pago Largo al 900 de la capital provincial, por una suma cercana a los 3 millones de pesos, mediante la simulación de diferentes operaciones de compra y venta, utilizando sus nombres propios y los de la firma San Francisco Agropecuaria S.A, vinculada a uno de ellos. De esa manera, habrían convertido fondos ilícitos originados de las actividades delictivas, cometidas a través de la cooperativa de crédito y servicios Pyramis, en un nuevo bien registrable y disimulado su procedencia ilegal.
El juez de primera instancia, Juan Carlos Vallejos, había señalado que las operaciones de compra-venta que conformaron esta investigación no deben ser interpretados como hechos aislados “sino comprendidos como un eslabón más de las distintas maniobras de lavado de activos que llevó adelante Mario Boschetti, por las cuales fue procesado por el delito de lavado de activos“.
Para las juezas del tribunal de alzada, “a esta altura del proceso, y en función a las actuaciones vinculadas a la presente, ya se encuentra acreditado el vínculo existente entre los nombrados de autos y la cooperativa Pyramis”.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Flavio Ferrini, titular de la Fiscalía Federal Nº1 de Corrientes y subrogante de la N°2 -a través de la cual intervino en esta causa-, quien cuenta con la asistencia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Mario Villar y María Laura Roteta.
El caso involucra a los empresarios que administraban la cooperatia Pyramis donde había más de 300 cajas de seguridad no declaradas y donde se halló dinero perteneciente a Pedro Cassani -integrante de la alianza ECo+Cambiemos- y otros políticos de la provincia de Corrientes.
En el lugar la Justicia Federal incautó millones de pesos y dólares que no habían sido declarados y cuyo origen aún se investiga.
