El Ministerio Público Fiscal Federal advirtió suspicaces dilaciones en el trámite de causas en las que están imputados el ex juez federal Carlos Soto Dávila y su secretario Pablo Molina, ambos investigados por al menos tres causas por presuntos actos de corrupción en el Juzgado Federal 1 de Corrientes.
Lo que advierten los fiscales es que desde 2019 el expediente no tuvo movimientos significativos y que, después que se inhibieron todos los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones y del Tribunal Oral Federal para entender en el caso, los subrogante aún no resolvieron sobre planteos realizados hace ya dos años.
En el escrito, los funcionarios denunciaron que el proceso se halla frenado porque se debe resolver una oposición al sobresimiento del juez en una causa iniciada en 2019, planteo “que lleva radicado ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes más de un año y nueve meses sin haberse dictado resolución sobre el fondo pese a la insistencia de estos representantes del Ministerio Público Fiscal”.
En el caso se analiza el presunto uso de Pablo Molina de toda la estructura judicial para intervenir teléfonos de su pareja y mujeres en las que tenía interés particular, como también a personas que no eran investigadas en ninguna causa judicial, pero contra quienes tenía animosidad.
La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes consideró que las autorizaciones para “pinchar” los teléfonos habían sido establecidas por Molina, abusando de la confianza que le tenía el juez, y por ello sobreseyó de la causa a Soto Dávila al considerar que no existían méritos para imputarlo.
Pero, el Ministerio Público Fiscal se opuso a esto y pidió a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes que revise la situación y que, en base al planteo de la fiscalía, anule el fallo que beneficia al ex juez.
Luego de esto, todos los camaristas se inhibieron y lo mismo hicieron los miembros del Tribunal Oral Federal, quienes debían subrogarlos. Y, por ello, se nombró a dos jueces de Misiones y uno de Chaco para que entiendan en la cuestión.
Sin embargo, estos tres jueces tampoco resuelven si Soto Dávila debe ser imputado o no, lo que generó el reclamo de los fiscales federales correntinos.
Es por ello que la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci resolvió urgir a la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes para que resuelva la situación procesal del exjuez Carlos Vicente Soto Dávila en el caso de las escuchas.
El mismo ex magistrado se halla procesado en la causa 9686/2016 por estar considerado “jefe” de una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a narcos para beneficiarlos con fallos judiciales.
En otro expediente, el 5262/2016 se lo imputó su participación en la entrega irregular de autos de alta gama incautados a narcos. Lo que se presume es que, una vez secuestrados los vehículos, se fraguaban documentos para entregarlos a terceros quienes presuntamente pagaban una suma de dinero por medio de abogados para circular con estos rodados como dueños.
Esta última causa, a su vez, tiene conexión con el expediente 1952/2019 en el que se investiga a Pablo Molina -y se sobreseyó a Soto Dávila- en relación a intervenciones telefónicas ilegales.
