El llamativo caso ocurrió en Resistencia, donde el fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini avanza en una investigación contra administrativos del Gobierno provincial que, supuestamente, comercializaron los automotores del Estado que estaban a su disposición.
El titular del Ministerio Público Fiscal, impulsó la acción penal respecto de 16 personas, algunos de ellos funcionarios y otros, profesionales del Derecho y notarios, que integrarían una asociación ilícita dedicada a la venta y transferencia irregular de vehículos, propiedad de la provincia de Chaco.
Estos rodados habrían sido adjudicados a dos empresarios o personas que figuraban como intermediarios.
Según la acusación fiscal, en la maniobra también se sospecha que intervino personal policial de una planta verificadora de la provincia de Formosa, tres escribanas, martilleros y martilleras públicas y mandatarios y mandatarias.
El comenzó a ser investigado el 24 de junio pasado cuando el encargado del Registro Nacional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (RNPA), seccional N°6011 de Resistencia, denunció la existencia de una organización delictiva que involucraría, en principio, a un empresario, al apoderado de su empresa, a la directora general de Gestión de Bienes de la Secretaría General de Coordinación y Gobierno de la provincia de Chaco, a dos efectivos policiales de la Planta Verificadora Formosa, tres escribanas, tres martilleros y dos martilleras, y dos mandatarios y una mandataria.
Lo que se sospecha es que desde 2016, los involucrados habrían utilizado documentación apócrifa para transferir vehículos y motocicletas, propiedad del Estado chaqueño, a nombre del empresario, su firma, o a otras personas que actuaban como intermediarios. Para ello, falsificaban anexos de decretos provinciales que autorizaban la subasta de los vehículos estatales y las actas de dichos actos, los formularios 08 (transferencia automotor), 12 (verificación policial automotor) y actas notariales. Dicha documentación, que incluía información adulterada sobre los adquirentes y los vehículos, era presentada en las seccionales de los Registros de la Propiedad Automotor, para lograr la transferencia de los bienes, lo que ocasionó un perjuicio al erario provincial por el desapoderamiento ilegítimo de los automóviles y motos que eran de su propiedad.
Entre las irregularidades detectadas se cuentan la certificación de firmas de los supuestos compradores, que tenían domicilios distantes al Chaco, por parte de las escribanas que estaban registradas en esa provincia, y los reiterados ingresos de uno de los investigados a la provincia de Formosa -cuyo ingreso al territorio prácticamente era imposible por las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) dispuestas por la pandemia de COVID-19- para realizar allí las verificaciones policiales de los vehículos.
Ese trámite no tenía urgencia alguna y podía hacerse en las plantas dispuestas al efecto en la provincia de Chaco, al tiempo que también debe destacarse que los vehículos verificados figuraban como “en desuso, condiciones improductivas o antieconómicas”, para lo cual hubiese sido necesario su traslado mediante remolques, lo que no tendría sentido alguno dado el costo que ello insumiría, todo lo cual hace presumir que los vehículos jamás estuvieron en Formosa para ser verificados y, en consecuencia, los formularios 12 serían falsificados.
Asimismo, el 5, 7 y 14 de julio pasado, los responsables de otras tres seccionales chaqueñas del RNPA denunciaron maniobras similares, las cuales se sumaron a la denuncia original.
En base a las pruebas recabadas hasta el momento, el fiscal federal Patricio Sabadini impulsó la acción penal por el delito de asociación ilícita respecto de 15 personas: el empresario, el apoderado de su empresa, la directora general de Gestión de Bienes de la Secretaría General de Coordinación y Gobierno de la provincia de Chaco, dos policías que se desempeñaban en la Planta Verificadora de Formosa, tres escribanas, tres martilleros y dos martilleras, y una mandataria y un mandatario.
Además, estos imputados, a excepción de la mandataria y los dos mandatarios que serán investigados por uso de documento público falso, serán investigados junto a otro martillero por el delito de falsedad ideológica en instrumento público.
Finalmente, también se investigará por incumplimiento de deberes de funcionario público a la directora general de Gestión de Bienes de la Secretaría General de Coordinación y Gobierno de la provincia de Chaco.
