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Corrientes
31 julio 2021

¿Quiénes son los millonarios correntinos que no quieren pagar el aporte solidario por la pandemia?

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La Justicia federal recibió planteos de cuatro empresarios correntinos, uno de ellos, dueño de una empresa que comercializa bienes y servicios y está vinculada al Gobierno provincial.

MIRÁ LA LISTA DE MILLONARIOS QUE FUERON A LA JUSTICIA

Uno de ellos, Jorge Pascarella, quien figura en los registros de la Administración Federal de Ingresos Públicos como empresario relacionado a la cría de ganado bovino y bubalino, para la producción de carne y leche. Además se registró como prestador de servicios de publicidad, servicios inmobiliarios y servicios financieros, de inversión de acciones y de corredores de bolsa.

Tiene propiedades en Entre Ríos y en Corrientes, donde está radicado.

Carlos Añón.

Este empresario está en pareja con una profesional de la salud, Sara Bllank, quien también inició acciones judiciales para no pagar el impuesto a las grandes forturas.

Esta profesional figura como propietarias de policonsultorios, empresas relacionadas con la prestación de servicios a la salud y, al igual que su pareja, solicitó una declaración de inconstitucionalidad de la ley nacional en el Juzgado Federal 1.

Los otros dos accionantes están muy vinculados al Gobierno provincial. Se trata de los propietarios de la empresa Previsora del Paraná, que comercializa bienes de consumo y se dedica además a los servicios funerarios, con sucursales en todo el nordeste.

La gerente de esta firma, Marianela Añón Acosta, inició el expediente 637/2021 en el cual solicita que se declare inconstitucional la normativa que fija el impuesto a las grandes riquezas.

Quien también accionó de igual manera es su hermano, Carlos Añón, gerente general de la misma firma, cuya acción judicial lleva el número 635/2021.

Estos últimos son propietarios de una gran fortuna heredada, que administran a través de la firma familiar.

La empresa de la familia Añón tiene muchos vínculos con el Gobierno provincial. Tal es así que el Estado correntino asocia compulsivamente a los empleados públicos a los servicios sociales de la empresa, sin que ninguno pueda negarse a ello y, por consiguiente, se realizan descuentos directos en los salarios, de dinero que termina en las cuentas de Previsora.

Lo que se desconoce es por medio de qué instrumento legal se habilitó ese negocio en el que el Gobierno y una empresa privada disponen arbitrariamente del dinero de los trabajadores públicos.

Escasa solidaridad

El Gobierno sancionó la ley número 27.605 de “aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”.

Esta normativa establece un aporte extraordinario y por única vez sobre los patrimonios de las personas humanas (no a las empresas) que tiene el carácter de emergencia y está destinada recaudar fondos para ayudar a los sectores de la economía que están afectados por las medidas restrictivas, las condiciones riesgosas de salud y las consecuencias negativas generadas por la crisis sanitaria a raíz del coronavirus.

Este impuesto alcanza a las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país, por la totalidad de sus bienes en el país y en el exterior, y las residentes en el exterior por la totalidad de sus bienes en el país, en ambos casos existentes al 18 de diciembre de 2020, cuando excedan los $200.000.000.

En términos concretos, toda aquella persona que posea más de esa cifra debería pagar por única vez entre el 2% y el 3,5% -para el caso de bienes en el país-, y entre el 3% y el 5,25%, según el patrimonio gravado para bienes en el exterior.

La mayoría de los empresarios en el país abonó esta alícuota. Sólo unos 400 (entre ellos cuatro correntinos) se niegan a hacerlo.

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