Roberto Rodríguez fue sindicado como el dueño de una concesionaria de vehículos de Posadas por medio de la cual se canalizaban fondos del narcotráfico.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los planteos de los acusados y ratificó las condenas dictadas en 2018 por el Tribunal Oral Federal de Corrientes. Por las empresas de la organización circularon unos 158 millones de pesos originados en la venta de drogas. Las secuelas del caso involucran a funcionarios judiciales y a otros empresarios.
La Sala II de la Cámara de Casación Penal, integrada por Alejandro Slokar como presidente y los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, rechazó ayer los planteos de las defensas y confirmó la condena a una banda, integrada por siete personas, que lavaba activos provenientes del narcotráfico. En la presentación ante Casación, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Raúl Plee.
En marzo de 2018, el Tribunal Oral Federal de Corrientes los había condenado con penas de hasta 13 años de prisión, en lo que fue la sanción más alta en el país para este tipo de delito.
En esa oportunidad Rodríguez había dicho que en su negocio había más autos de los que figuran en las actas de incautación, y acusó al entonces juez Carlos Soto Dávila y a su secretario Pablo Molina de haberse quedado con ellos.
Para los jueces de Casación, las penas impuestas por el Tribunal fueron graduales y fundadas, de acuerdo a la participación que tuvieron las personas condenadas en el hecho delictivo.
El tribunal revisor tuvo por probado que los imputados guardaban vínculo con sujetos que se dedicaban al tráfico de estupefacientes y habrían prestado colaboración en hechos de transporte, todo lo cual -indicó- constituye una serie de indicios con fortaleza suficiente para inferir que el dinero que se ponía en circulación, a los fines de darle una apariencia legal, procedía de esa labor.
Por otro lado, se acreditó la existencia dentro del ámbito de custodia de los imputados de una cantidad de bienes de gran valor, como automóviles de alta gama y sociedades comerciales, donde se detectaron numerosas actividades sospechosas.
Asimismo, consideraron que la actividad y las declaraciones ante la Afip de los imputados no tenían correlato con los bienes que figuraban dentro de su patrimonio.
